Un juzgado investiga a dos trabajadores de la cárcel de Brieva por darle un móvil a Ana Julia Quezada, asesina del niño Gabriel, a cambio de sexo

Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz ('el Pescaíto') en febrero de 2018, habría mantenido relaciones sexuales con trabajadores públicos a cambio de facilitarle un teléfono móvil.

Según ha adelantado El País y ha confirmado laSexta, el juzgado número 4 de Ávila investiga desde hace casi un año un posible delito de cohecho por parte de dos trabajadores -un funcionario y un personal- de la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila) por haber facilitado a una reclusa -Ana Julia Quezada- un teléfono móvil a cambio de favores sexuales. El subdelegado del gobierno de Ávila, Fernando Galeano, ha confirmado que dichos trabajadores están en condición de investigados y no están trabajando en el centro penitenciario.

La asesina de Gabriel Cruz habría estado manteniendo relaciones sexuales con funcionarios y con un cocinero de la prisión, que habría grabado con su teléfono para "chantajear" a la cárcel para conseguir su traslado a una prisión de Barcelona, indica El País.

Además, un informe de la directora de la cárcel recoge que en una entrevista con un educador, Ana Julia refiere que ha sido víctima de una violación al haber mantenido relaciones sexuales con el funcionario y aprovecharse este de su situación de superioridad y poder con respecto a ella.

Así, señala el informe que el móvil con las grabaciones lo tiene la pareja actual de Ana Julia, una mujer, y que es ella quien chantajea con sacarlas a la luz y "con hundir el centro y a su dirección". Según sus testimonios, los encuentros sexuales "se producían por las noches en su celda".

Dicha investigación responde a la denuncia interpuesta el pasado verano por la madre del niño Gabriel Cruz, Patricia Ramírez. Esta manifestó que la asesina de su hijo tenía un teléfono móvil en la cárcel.

En junio del año pasado Ramírez ya solicitó a la Audiencia de Almería que investigase el intento de firma de un contrato por parte de Quezada con una productora audiovisual interesada en grabar un documental, presuntamente con la intención de venderlo a una plataforma como Netflix.

Según reveló entonces la propia Ramírez, la prisión de Brieva (Ávila), donde se encuentra interna la condenada, denegó su participación tras detectar posibles irregularidades, como el uso de un teléfono móvil dentro del centro penitenciario.

La madre del menor llevó este asunto al Senado en junio de 2024, donde compareció de forma inédita ante la comisión de Interior y reclamó un pacto de Estado para regular los contenidos de tipo 'true crime', especialmente aquellos que afectan a víctimas de delitos graves y sus familias.

La madre de Gabriel Cruz convoca una rueda de prensa este miércoles

Patricia Ramírez ha convocado una rueda de prensa para este miércoles en la que denunciará públicamente una situación de "desamparo y desprotección institucional y judicial".

En la comparecencia, Ramírez abordará también lo que considera una "vulneración de derechos" en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada, y que podrían haber afectado a la integridad moral de la familia.