El Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid ha abierto juicio oral contra Luis Medina y Alberto Luceño por el denominado 'caso mascarillas', una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario en plena pandemia de Covid-19 en la que se llevaron comisiones de seis millones de euros.
Luceño se enfrentará a la acusación de delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y un cuarto delito de fraude fiscal. Mientras, Luis Medina responderá por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.
El juez les impone a ambos fianzas de responsabilidad civil de 7,8 millones de euros con los que tendrán que indemnizar a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, que pagó las mascarillas. Luceño también tendrá que prestar fianza de 1,3 millones para indemnizar a la Agencia Tributaria. Además, el juez decreta el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350, 05 euros en el caso de Alberto Luceño y la cantidad de 912.700 euros en el caso de Luis Medina.
El órgano competente para enjuiciar este procedimiento será la Audiencia Provincial de Madrid. Contra esta resolución no cabe la interposición de recurso.
El Ayuntamiento de Madrid, como acusación particular en el caso mascarillas, solicita para los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina 11 y nueve años de cárcel respectivamente por estafa y falsedad documental.
Por estafa, porque considera que ambos se aprovecharon de la crisis sanitaria de la pandemia de coronavirus para hacer creer al Ayuntamiento que estaban consiguiendo material sanitario de forma altruista cuando en realidad había un "plan preconcebido" por los acusados para incluir en el precio de los contratos el importe de las comisiones.
Unas comisiones "leoninas" que el Ayuntamiento "desconocía" y que sirvieron para traer un material de Asia defectuoso. Y es que los guantes recibidos fueron de una calidad inferior y de los 250.000 test adquiridos, únicamente pudieron utilizarse 75.000.
La Fiscalía solicita una condena de 15 años de prisión para Luceño y otra de nueve años de cárcel para el aristócrata por una operación de compraventa de material sanitario en la que, según la investigación, se embolsaron más de 6 millones de dólares en comisiones.