La 'tarifa de integridad' que EEUU quiere cobrar a los turistas (con visado) que viajen al país

Los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump están siendo más intensos que los de aquel primer mandato, si cabe. Entre las muchas (y polémicas) medidas aprobadas por el republicano están, por ejemplo, la prohibición de entrada al país de ciudadanos procedentes de 12 países, y el acceso limitado de los que provienen de otros siete; decisión enmarcada en un decreto que trata, en palabras del Gobierno, de proteger Estados Unidos de "terroristas extranjeros".

Con las medidas que va aprobando Trump, entrar en Estados Unidos será cada vez más difícil. Pero incluso para los turistas, porque una nueva ley aprobada recientemente adelanta la implantación de un especie de 'tarifa de integridad', ligada a los visados de no migrantes, y sin exenciones. Aunque no está claro desde cuándo empezará a cobrarse, ya está incluida en la legislación estadounidense.

La tarifa, según está previsto en la ley, será de 250 dólares durante el año fiscal 2025 (del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025); pero el secretario de Seguridad Nacional tiene la libertad de aumentar el precio. La tarifa subirá en función de la inflación.

¿Quién tiene que pagar esta 'tasa de integridad'?

Según explica la legislación, esta 'tasa de integridad' la tendrán que pagar todos los visitantes que necesitan visado de no migrante, lo que incluye a turistas, personas que viajan por negocios o estudiantes internacionales. Sin embargo, existen algunos extranjeros que están incluidos en el programa de exención de visado de Estados Unidos, como los procedentes de Japón, Australia o varios países europeos, entre ellos, España.

Los españoles, en términos generales, no tienen que solicitar visado, sino una autorización temporal de viaje electrónica (ESTA), un permiso cuya solicitud es bastante sencilla y rápida (y más barata) que la de un visado; con ella puedes viajar al país norteamericano las ocasiones que quieras dentro del plazo en el que la autorización está vigente, que suele ser de dos años. Ahora bien, los españoles que hayan estado en Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia, Yemen o Cuba, países considerados por Estados Unidos como patrocinadores del terrorismo, están obligados a sacarse un visado para viajar a Estados Unidos.

A priori, esta cuota se ha de pagar en el momento de la emisión del visado, por lo tanto no la pagarán aquellos cuya visa sea denegada. Según la ley, existe la posibilidad de que se reembolse esta cuantía si se cumplen unas condiciones específicas, que incluyen la de "no aceptar empleo no autorizado" en Estados Unidos, ni permanecer en el país más de cinco días después de la fecha de validez del visado. Los reembolsos se harían una vez que expire el visado.

Las incongruencias de este 'impuesto' a los viajeros

Según explicó la Asociación de Viajes de Estados Unidos a la cadena CNBC, este proyecto de ley coloca al secretario de Seguridad Nacional en el centro de esta 'tarifa': sin embargo, esta Secretaría no es la responsable de las solicitudes, emisiones y renovaciones de visados, por lo que existen muchas dudas sobre cómo, cuándo y dónde se encargarían de cobrar este 'impuesto' adicional.

Desde el departamento de Seguridad Nacional sostienen, no obstante, que esta tarifa "requiere" cierta "coordinación interinstitucional" antes de que sea puesta en marcha. También se plantean serias dudas sobre el reembolso, teniendo en cuenta que muchos de los visados tienen una validez de varios años (en España, el visado que obtienen los turistas que no viajan con ESTA es de 10 años). desde la Oficina de Presupuestos del Congreso de Estados Unidos prevén que sean muy pocas las personas que lo soliciten, pero también que la oficina necesitaría "varios años" para aplicar este proceso de reembolso.

La 'tarifa de integridad' que Estados Unidos quiere aplicar afectaría principalmente a los titulares de visados B, es decir, a los visados de negocios (B-1) o de turistas (B-2), aunque también a los de estudiantes internacionales. Según un abogado consultado por la CNBC, "quizás los titulares de visados B no quieran añadir un pago adicional de 250 dólares por persona al coste de su viaje".