EEUU y su racismo
El Supremo da el visto bueno a las políticas de expulsión de migrantes de Trump y reactiva las exportaciones a terceros países
Los detalles Aunque la reactivación es temporal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha adelantado que no escuchará los argumentos del caso hasta diciembre. La decisión deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados.
Migrantes protestan contra las políticas de TrumpResumen IA supervisado
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido temporalmente a la Administración Trump reactivar su política de deportación de migrantes a terceros países, a pesar de las críticas y las decisiones de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre su destino. Esta medida, apoyada por la mayoría conservadora del Supremo, permite continuar con las deportaciones rápidas, incluso a países con antecedentes de violaciones de derechos humanos, como Guinea Ecuatorial. La Administración justifica la medida como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales, argumentando una "emergencia nacional". El Supremo revisará la legalidad de esta política en diciembre. Desde el regreso de Trump, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 países bajo esta política.
* Resumen supervisado por periodistas.
La Administración Trump podrá seguir, aunque sea temporalmente, con una de sus medidas más polémicas dentro de su especial ofensiva contra la población migrante. Porque si las acciones violentas del ICE ya son reprochables, lo es aún más la deportación de migrantes a terceros países. Es decir, echarlos de EEUU con destino a un lugar que nada tiene que ver con su origen ni su vida.Todo gracias a los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del Supremo.
Y todo porque, este martes, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido a la Administración del presidente Donald Trump reactivar temporalmente su política para enviar a algunos deportados a terceros países. Es más, ha adelantado que no escuchará los argumentos del caso en diciembre.
La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados. Sobre todo, porque no será el mismo en el que nacieron o desde el que partieron con rumbo a EEUU.
Tribunales de niveles inferiores habían exigido a la Casa Blanca que, al menos, los migrantes tuvieran la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.
Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del gobierno de Trump. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron. La Administración Trump había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una "emergencia nacional" y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.
La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña. El fallo de los magistrados significa que, por ahora, la Administración puede continuar con el programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde Estados Unidos fueron encapuchados, atados y golpeados por agentes de la Policía, según una investigación publicada por 'The New York Times'.
El Supremo tiene previsto escuchar los argumentos sobre la legalidad de la política en diciembre, antes de emitir una decisión definitiva sobre el caso. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, más de 25.000 migrantes han sido enviados a 29 terceros países bajo esta política, según datos recopilados por organizaciones y medios estadounidenses.