Tras dos días de violentas protestas en Belgrado, los manifestantes han logrado lo que se proponían y el Gobierno de Serbia ha anulado el toque de queda previsto para este fin de semana, desde las seis de la tarde del viernes hasta las cinco de la mañana del lunes. Además, se preveía que el confinamiento se pudiese extender al resto del país.
Pero el presidente del país, Aleksandar Vucic, que argumentaba que se trataba de una medida "inevitable" para frenar el avance de la pandemia, y después de calificar a los manifestantes de criminales, ha dado marcha atrás.
Desde hace varios días, centenares de personas liberan una batalla campal por la noche contra la Policía, e incluso, en el día de ayer llegaron a tomar el Parlamento. Los manifestantes denuncian que el presidente conservador desconfió demasiado rápido a la población con la mirada puesta en las elecciones.
El ministro del Interior serbio, Nebojsa Stefanovic, ha denunciado un intento de golpe, señalando que las protestas "son intentos de tomar el poder sin la voluntad del pueblo, sin participar en las elecciones".
La Comisión Europea ha reaccionado a los altercados con preocupación. "Somos muy claros, las mediada restrictivas no pueden afectar desproporcionadamente a los derechos y libertades, deben estar limitados en el tiempo a lo justo necesario", ha señalado la portavoz comunitaria de Ampliación, Ana Pisonero, remarcando también la "inviolabilidad" de las instituciones democráticas.
El gobierno serbio pasa la pelota a un grupo de especialistas encargados de decidir las nuevas medidas para frenar la tendencia al alza de la expansión de la pandemia en el país balcánico.