El papa Francisco ha aprobado un nuevo decreto con el que intenta poner freno a los casos de corrupción en el Vaticano. Prohíbe que la Curia pueda recibir regalos de más de 40 euros y que pueda invertir en paraísos fiscales. También que participen en actividades contrarias a los valores católicos, ya que, entre otros escándalos, recientemente se ha sabido que el Vaticano puso dinero en la farmacéutica que produce la píldora del día después.

En un Motu Proprio publicado este viernes, el Papa ha derogado la ley que impedía que los cardenales de la Curia Romana fueran juzgados por un tribunal ordinario y ha decretado que a partir de ahora puedan comparecer también como acusados o como testigos en un proceso en un tribunal de primera instancia del Vaticano, que está compuesto también por jueces laicos. De esta manera, los cardenales o los obispos de la Curia Romana podrán comparecer en primera instancia ante el Tribunal de la Ciudad del Vaticano, que también está integrado por jueces laicos.

Después, en su discurso, el Papa ha reclamado una Iglesia "pobre con y para los pobres" que sea cercana a las personas marginadas y excluidas.

Hasta ahora solo podían ser juzgados o investigados por los otros cardenales que integran el Tribunal Supremo especial del Vaticano, el único ente jurídico competente para abrir una investigación contra los miembros de la Curia Romana, junto con el Papa.

Este aspecto técnico de la justicia del Vaticano ha determinado que en el pasado los cardenales no hayan sido procesados. Durante el juicio contra los directivos del hospital pediátrico Bambin Gesù, procesados por el tribunal del Vaticano por haber desviado dinero de los fondos de manera ilegal para sufragar la reforma del ático en el que vivía el ex secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone. En aquel caso el purpurado acabó pagando 150.000 al hospital, pero nunca fue imputado en el caso.

Esta nueva disposición podría abrir la puerta a que el cardenal Giovanni Angelo Becciu, exprefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, fuera procesado por su implicación en la compra opaca de un inmueble en Londres, que provocó un agujero millonario en las cuentas del Vaticano. Hasta ahora, por su condición de miembro del colegio cardenalicio, Becciu no podría ser investigado por la justicia ordinaria.

En este decreto, el Papa también promulga nuevas medidas sobre la contratación del personal de administración y de las áreas financieras del Vaticano. Todos tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años, en la que afirmen que "no tienen condenas firmes, ni en el Vaticano ni en otros Estados, y que no se han beneficiado de indultos, amnistías o gracias, y de no haber sido absueltos por prescripción".

Tampoco podrán "estar sujetos a procedimientos penales pendientes o a investigaciones por participación en una organización criminal, corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales de actividades criminales, explotación de menores, tráfico o explotación de seres humanos y evasión fiscal".

Además, deben declarar "que no poseen, ni siquiera a través de intermediarios, dinero en efectivo o inversiones o participaciones en sociedades o empresas en países incluidos en la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales (a menos que sus familiares sean residentes o estén domiciliados por demostradas razones familiares, laborales o de estudios)".

Deberán garantizar, añade el nuevo reglamento, "que todos los bienes, muebles e inmuebles, de su propiedad o que solo tengan en posesión, así como las remuneraciones de cualquier tipo que reciban, proceden de actividades lícitas".