ONG españolas proponen introducir cambios regulatorios para que puedan compartir más información sobre extrabajadores despedidos por casos de abuso o acoso sexual, unos datos que actualmente no pueden proporcionar si otra organización les pide referencias porque, según señalan, lo limita la Ley de Protección de Datos.
Así lo han pedido a raíz de que la semana pasada saliera a la luz el escándalo de Oxfam Reino Unido en Haití. También reclaman que no se juzgue a todo el sector por unos casos "minoritarios". La propia Oxfam Intermón fue la que sugirió trabajar con el resto de ONG españolas y desde el punto de vista legislativo en un mecanismo que permita a todas las organizaciones del sector compartir información sobre los trabajadores que hayan sido despedidos de una ONG por un comportamiento inapropiado para que no vuelvan a ser contratados en el sector.
"Todo lo que se pueda hacer por mejorar habrá que explorarlo", apunta la directora de Cooperación Internacional de Cruz Roja Española, María Alcázar. En la misma línea, se pronuncia la portavoz de Acción contra el Hambre España, Alicia García: "Este tipo de conductas atentan claramente contra nuestros valores y principios".
Actualmente, si les piden referencias, las ONG sólo pueden indicar que finalizó el contrato con esa persona o, a lo sumo, que incumplió el código de conducta, pero no pueden entrar en los motivos. En todo caso, las ONG españolas aseguran que piden referencias cuando van a contratar a un nuevo trabajador y además, cuentan con mecanismos internos tanto para prevenir este tipo de comportamientos como para atajarlos en caso de que se produzcan.
En Acción contra el Hambre, si una persona es despedida por conducta no ética, el caso queda archivado en la base de datos de Recursos Humanos de la organización de forma que la ONG en los diferentes países pueda tener acceso a ella. Así ocurrió con los dos trabajadores despedidos en los últimos siete años (desde 2011) por contratar --no con fondos de la ONG-- servicios de prostitución en Mali y Filipinas.
También cuentan con códigos de conducta que los trabajadores deben firmar en el momento de formalizar su contrato. Además, son informados de que, en caso de incumplimiento, puede derivar en el despido o en medidas disciplinarias.