Milei veta el aumento en las paupérrimas pensiones de Argentina aprobado por el Congreso

Abrazado a su objetivo de "déficit cero", el presidente de Argentina, Javier Milei, vetó este sábado el alza "excepcional y de emergencia" que el Parlamento dispuso por ley en julio pasado para las paupérrimas pensiones que cobran miles de jubilados, uno de los colectivos más afectados por las políticas de ajuste del Gobierno.

Milei vetó la ley de aumento en las jubilaciones y también la norma por la que se declaró la emergencia en discapacidad, ambas aprobadas por el Congreso el pasado mes de julio. El decreto presidencial con el veto a estas leyes será publicado el próximo lunes en el Boletín Oficial y abrirá paso a un proceso legislativo por el que el Congreso decidirá si respalda la resolución de Milei o deja firmes las normas aprobadas el mes pasado. Milei ya había anticipado que vetaría estas leyes bajo el argumento de que conspiran contra su objetivo de superávit fiscal.

Tanto los jubilados como el colectivo que defiende los derechos de las personas con discapacidades han protagonizado en los últimos meses varias protestas para reclamar mejores condiciones de vida, ante los efectos del severo ajuste puesto en marcha a finales de 2023 por el Gobierno de Milei.

En Argentina hay unos 7,4 millones de jubilados, lo que representa el 15,7 % de la población total del país. El 63,5 % de los retirados cobra la jubilación mínima, que en este mes de agosto será de 314.300 pesos (228 dólares o 196 euros), un ingreso que llegó a los 384.300 pesos (279 dólares) por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde septiembre de 2022 por la situación de emergencia económica que vive el país y cuyo valor está congelado desde marzo de 2024.

Este ingreso margina a los jubilados a la pobreza: una persona con vivienda propia necesita un ingreso no menor a 365.177 pesos (265 dólares) para no ser considerada pobre, según datos oficiales. Pero, de acuerdo a cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos, ese ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza es de al menos 1.200.523 pesos (873 dólares) en el caso de los adultos mayores, cuyos gastos en salud, entre otros, son superiores a los de otros grupos etarios.

Ante esta situación, el Parlamento argentino aprobó el pasado 10 de julio una ley que establece un incremento "excepcional y de emergencia" del 7,2 % para las jubilaciones. También dispone que el bono de refuerzo congelado desde hace más de un año pase a ser de 110.000 pesos (80 dólares). El Congreso también aprobó el 10 de julio una ley que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta finales de 2027, lo que obliga al Gobierno argentino a garantizar la financiación adecuada de las pensiones por discapacidad y fortalecer la asistencia para ese sector.

Milei ha apelado al "déficit cero", uno de los pilares de su modelo económico, como argumento para vetar estas leyes. Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el alza en las jubilaciones tendría un coste fiscal analizado equivalente al 0,41 % del PIB; la actualización del bono, un coste del 0,38 %, y la ley de emergencia en discapacidad, un coste de entre el 0,28 % y el 0,51 % del PIB. Argentina acumuló en el primer semestre del año un superávit fiscal primario del 0,9 % del PIB y tiene como meta cerrar 2025 con un saldo positivo del 1,6 % y lograr en 2026 un superávit primario del 2,2 % del PIB.