El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado un decreto ley que prevé multas de entre 10.000 y 50.000 euros para las ONG que entren, transiten o atraquen en sus aguas territoriales.

Así, aquellos barcos privados que ignoren las órdenes de no entrar en aguas italianas tendrán que pagar la multa al llegar a puerto y los que reincidan podrían incluso sufrir la incautación de la embarcación. Además, el poder para emitir estas órdenes, que hasta ahora estaba en manos del Ministerio de Transporte e Infraestructuras, recaerá en el Ministerio del Interior, con el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, al frente.

La norma aún tiene que ser aprobada por el Parlamento y ha sido bautizada como 'Decreto seguridad bis', por ser una modificación del decreto de seguridad que ideó el propio Salvini, ya aprobado por las dos cámaras. Esta nueva modificación también ha sido impulsada por el ministro del Interior, que sostiene que no se trata de una normativa extremadamente restrictiva, sino orientada a incrementar la seguridad del país.

En el decreto, aunque desaparecen las multas de hasta 5.000 euros por cada inmigrante rescatado en el Mediterráneo, se establecen sanciones para los propietarios o comandantes de embarcaciones de ONG que entren, naveguen o atraquen en aguas territoriales italianas.

La Liga había insistido en las últimas semanas en la necesidad de sacar adelante esta medida, pero quedó congelada por la celebración de las elecciones europeas en mayo, según explicó el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. "La normativa ya estaba siendo detallada durante la campaña electoral", detalló, "pero fui yo mismo quien pidió al ministro Salvini posponer su estudio porque fijar un consejo de ministros dos días antes de los comicios no me parecía oportuno".

Durante la campaña, el líder del Movimiento Cinco Estrellas y ministro de Desarrollo Económico y Trabajo, Luigi Di Maio, protagonizó varios momentos de tensión con Salvini a cuenta de esta norma, pero ahora ha celebrado su aprobación: "Es un comienzo y espero que el Parlamento apruebe esta medida para frenar la inmigración irregular", dijo.

El 'Decreto seguridad bis' está compuesto por 18 artículos que tienen como objetivo reprimir la inmigración clandestina, pero también endurecer los castigos contra quienes ataquen a la Policía en manifestaciones y reforzar la seguridad en los estadios deportivos.

El decreto prevé la asignación de tres millones de euros en los próximos tres años para disponer de agentes encubiertos para combatir la inmigración ilegal. Además, se contratarán 800 nuevos empleados administrativos para las oficinas judiciales, con el fin de favorecer el cumplimiento de las sentencias de los condenados en vía definitiva que sigan libres.