En la actualidad, el aborto es ilegal en Irlanda menos cuando la vida de la madre está en riesgo pero está sujeto a la interpretación de los médicos, que normalmente tienden a negarse a interrumpir embarazos por miedo a consecuencias legales o por convicciones religiosas en un país mayoritariamente católico.
La nueva ley, que entrará en vigor antes del próximo 18 de julio, sustituirá a la normativa actual, que permite interrupciones del embarazo en circunstancias muy limitadas siguiendo directrices muy vagas recogidas en la Constitución.
Pero es la inclusión de la amenaza de suicidio como motivo para abortar la cláusula que más preocupa a algunos conservadores, pues creen que abrirá la puerta en Irlanda a lo denominan "abortos a la carta".
A este respecto, el proyecto de ley propone que un comité de tres expertos, compuesto por dos psiquiatras y un obstétrico, evalúe a través de un historial y entrevistas el estado de salud físico y mental de la madre, quien no será interrogada por los tres a la vez, tal y como querían los laboristas, para evitar dar un aire inquisitorial al proceso.
Con 138 sufragios a favor y 24 en contra, el Ejecutivo de coalición entre el conservador Fine Gael (FG) y los laboristas ha sacado adelante esta controvertida sección de la legislación, a la que se opusieron algunos miembros de la formación mayoritaria y puso en evidencia la división que provoca este delicado asunto en un país profundamente católico.
Aunque el Ejecutivo ya confiaba en aprobar la cláusula del suicidio gracias a su mayoría, ha tratado a toda costa de evitar un cisma en sus filas, después de que algún miembro del FG adelantara que votaría en contra, incluida la ministra para Asuntos Europeos, Lucinda Creighton.
Durante el debate, la ministra había insistido en que el aborto "nuca puede convertirse" en un "tratamiento médico" para las embarazadas que pidan la interrupción del embarazo porque tengan tendencias suicidas.Por eso pidió que para estos casos se ofrezcan "terapias alternativas" antes de llegar a la decisión de practicar un aborto.
A este respecto, el ministro de Salud, James Reilly, reconoció que el aborto no debe ser nunca "un tratamiento" contra el suicidio, como tampoco lo es "el asesoramiento, la psicoterapia, los antidepresivos o cualquier otra cosa".
Y reiteró que la nueva legislación solo aspira a "proteger la vida", tanto de la madre como del "no nacido".También Kenny reconoció que este es un asunto "delicado y difícil para la ciudadanía", al tiempo que reiteró que la nueva legislación "no cambia la ley o los derechos".