Según un informe

Casi el 2% de la población de El Salvador está entre rejas: así es el hacinamiento en las cárceles de Bukele

Los detalles Hay más de 118.000 presos dentro de un sistema diseñado para albergar como mucho a 30.000 personas y hay centros que casi multiplican por cuatro el número de presos respecto a las plazas.

118.369 presos en El Salvador para 30.864 plazas en las cárceles
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Las imágenes ya hacían intuirlo, pero un informe ha avalado el hacinamiento masivo de las cárceles de El Salvador. Tanto es así que hay centros que casi multiplican por cuatro el número de presos respecto a las plazas. Una situación que provoca riesgos para la salud, para la habitabilidad, para la seguridad y de la que no se escapan los niños.

Casi el 2% de la población de El Salvador se encuentra entre rejas. Son más de 118.000 presos dentro de un sistema diseñado para albergar como mucho a 30.000.

Y tanto presume Nayib Bukele de sus cárceles que incluso invita a youtubers para que las visiten. Hasta ellas acuden también líderes de otros países, que idolatran el sistema salvadoreño.

La llamada "mano dura" conta la delincuencia supone, sin embargo, una violación constante de derechos humanos. "La supuesta seguridad que tiene la población, es luego sustituida por la violencia estatal, que viene siendo peor o igual que la que tenían las pandillas", afirma Abraham Ábrego, director legal de Cristosal.

El régimen de excepción aprobado hace cuatro años deja la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: "Estamos hablando de detenciones arbitrarias, las torturas que ha habido sobre todo en centros de detención, muertes en custodia por violencia o por falta de atención médica, la desaparición forzada".

El hacinamiento en las cárceles es superior al 260%, con el consiguiente riesgo de higiene, salud y seguridad. Son datos recabados por un Instituto de Derechos Humanos del país que, por seguridad, no han podido atender a laSexta en una entrevista.

Sí hemos hablado con la ONG Cristosal, que hace un año se vio obligada a abandonar el país: "Además de ese riesgo de la persecución, fue que se emitió una ley de agente extranjero, eso implicaba la obligación de inscribirse en un registro y ser controlado por parte del Gobierno".

Una de las directoras de la ONG, la abogada Ruth López, lleva más de un año en prisión provisional detenida injustamente al ser acusada de enriquecimiento ilícito.

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