"Podrán seguir
vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina
mis conversaciones telefónicas o excavar toda la patagonia argentina o donde
mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme,
porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", remarcó la
exmandataria.
Fernández, procesada ya
en seis casos -la mayoría por presunta corrupción- llegó a los tribunales de
Buenos Aires convocada a declarar por presuntos delitos de lavado de dinero en
la causa conocida como la "Ruta del Dinero K (Kirchner)", después de
que el juez encargado del expediente fuera obligado por una Cámara superior a
citarla, a pesar de haberse resistido a hacerlo durante dos años.
"Ante esta grave
irregularidad -una más en la larga persecución a la que vengo siendo sometida
desde hace dos años y ocho meses- (...) he dejado constancia de ello
interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida
dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de
toda imparcialidad frente al caso", subrayó la senadora.
A su juicio, lo que
resulta "aún más grave" es que se la cita "sin que exista ningún
estado de sospecha sobre la comisión de algún delito" que le pueda ser
atribuido. Con una veintena de personas imputadas, Casanello investiga delitos
de lavado de activos cometidos supuestamente entre 2010 y 2013 mediante una red
que supuestamente montó una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el
exterior para el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.
"No sólo desconozco
por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de
prueba que me vincule a la misma", señaló Fernández en su extenso escrito.
En la "Ruta del Dinero K" destaca la figura del empresario Lázaro
Báez -estrecho colaborador de Kirchner y en prisión preventiva desde 2016-, acusado
de blanquear millonarias sumas de dinero provenientes de obra pública en la
provincia sureña de Santa Cruz, que fue adjudicada a sus empresas de
construcción.
El empresario, dueño del
grupo Austral, es acusado de haber brindado el "entramado societario"
para captar fondos públicos y "vehiculizarlos" parcialmente a las
manos "de quienes entonces eran funcionarios públicos", en referencia
a la exmandataria y otros altos cargos. Asimismo, se sospecha que sacó esos
fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su
origen.
Fernández, que en el
texto acusa de nuevo al Ejecutivo de Mauricio Macri de mover los hilos en su
situación judicial, recalcó que "jamás" tuvo cuentas bancarias no
declaradas, ya sea sola, con Báez o con cualquier otra persona. "Todos los
activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y
siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas",
indicó.
El caso se inició en
2013, aunque cobró fuerte protagonismo en marzo de 2016, cuando un canal de
televisión difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista,
contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos
Aires, conocida como "La Rosadita".
Tras remarcar que su
familia nunca tuvo sociedades 'offshore' en paraísos fiscales "o en
cualquier otro lugar" ni apareció en investigaciones como los conocidos
Papeles de Panamá, como si apareció "el apellido Macri, entre muchos otros
funcionarios de su Gobierno", Fernández se mostró tajante. "En síntesis,
si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace
mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de
"La ruta del dinero K" debió ser denominada "La ruta del dinero
M", concluyó.