La Comisión Europea ha publicado su propuesta de fijación de un tope al precio del gas, que sitúa en los 275 euros en el índice TTF, el de referencia en Europa, y que entraría en vigor el 1 de enero de 2023. Según informó Bruselas, con este mecanismo de corrección del mercado tratará de proteger a las empresas y los hogares de los episodios de precios del gas excesivamente altos.

Este tope complementará las medidas para reducir la demanda de gas y garantizar la seguridad del suministro a través de la diversificación del suministro energético. Este nuevo mecanismo tiene como objetivo evitar que se repitan episodios como el de finales de agosto que afectaron a la economía europea para reducir la volatilidad en los mercados de gas europeos al tiempo que salvaguarda la seguridad del suministro de gas.

El instrumento propuesto consiste en un precio máximo de seguridad de 275 euros en los derivados TTF con un mes de antelación. Para que se active, el precio de liquidación del derivado TTF del mes anterior deberá superar los 275 euros durante dos semanas y ser 58 euros superiores al precio de referencia del GNL durante 10 días hábiles consecutivos dentro de las dos semanas.

Cuando se cumplan estas condiciones, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) publicará inmediatamente un aviso de corrección del mercado en el Diario Oficial de la Unión Europea e informará a la Comisión, a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y al Banco Central Europeo. (BCE).

Al día siguiente entrará en vigor el mecanismo de corrección de precios y no se aceptarán órdenes de derivados TTF de primer mes que superen el precio máximo de seguridad. El mecanismo podrá activarse a partir del 1 de enero de 2023.

El Reglamento del Consejo propuesto contiene salvaguardas para evitar perturbaciones en los mercados energético y financiero. Para ayudar a evitar problemas de seguridad del suministro, el precio máximo se limita a un solo producto de futuros (productos de mes adelantado TTF) para que los operadores del mercado aún puedan satisfacer las solicitudes de demanda y adquirir gas en el mercado al contado y en el mercado extrabursátil.

Para garantizar que la demanda de gas no aumente, la propuesta exige que los Estados miembros notifiquen en un plazo de dos semanas desde la activación del Mecanismo de Corrección del Mercado qué medidas han tomado para reducir el consumo de gas y electricidad. Bruselas plantea que si se activa este tope se declare una alerta de la UE, lo que activaría el ahorro obligatorio de gas para garantizar la reducción de la demanda.

De hecho, para reaccionar ante posibles consecuencias negativas no deseadas del límite de precio, la propuesta prevé que el mecanismo pueda suspenderse inmediatamente en cualquier momento cuando su funcionamiento ya no esté justificado por la situación del mercado de gas natural, es decir, cuando se deje de cubrir el desfase entre el precio TTF y el precio del GNL durante 10 días hábiles consecutivos.

También por una decisión de suspensión de la Comisión cuando se identifiquen riesgos para la seguridad del suministro de la Unión, para los esfuerzos de reducción de la demanda, para los flujos de gas dentro de la UE o para la estabilidad financiera. Por último, existe la posibilidad de que la Comisión impida la activación del mecanismo en caso de que las autoridades competentes, incluido el BCE, adviertan de la materialización de dichos riesgos.