El Gobierno interino de
Bolivia declaró este lunes personas no gratas a los diplomáticos españoles
Cristina Borreguero y Álvaro Fernández, y a la embajadora de México en Bolivia,
María Teresa Mercado, junto a un grupo de funcionarios a los que se dio 72
horas para dejar el país tras el incidente del pasado viernes.
"Este grupo de
representantes de los Gobiernos de México y España ha lesionado gravemente la
soberanía del pueblo y del Gobierno constitucional de Bolivia", aseguró la
presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, en una comparecencia en Palacio
de Gobierno de la Paz.
La medida llega después
de que Bolivia denunciara el viernes que funcionarios de la Embajada española
acudieron acompañados de "encapuchados" a la residencia de Mercado,
que acoge a algunos antiguos ministros de la etapa del expresidente Evo Morales
procesados por acusaciones como terrorismo.
Durante la lectura de un
comunicado en el Palacio de Gobierno de La Paz, Áñez anunció que ha decidido
"declarar persona no grata" a la embajadora Mercado además de señalar
a los demás diplomáticos españoles y pedirles que dejen Bolivia "en un
plazo de 72 horas".
Áñez sostuvo que Bolivia
"no es colonia de nadie" y pidió respeto al proceso que derivó en la
recuperación de la democracia "después de 14 años de dictadura", en
referencia al tiempo en que Evo Morales se mantuvo en el Gobierno.
Tras el anuncio de Áñez,
la ministra interina de Exteriores, Karen Longaric, declaró a los medios que la
determinación del Gobierno boliviano "no implica la ruptura de las
relaciones diplomáticas" ni con México ni España. Por el contrario, se
trata de una exigencia de Bolivia para que esos gobiernos acrediten a nuevos
funcionarios que sustituyan a aquellos que "violaron la soberanía e
irrespetaron las normas bolivianas", mencionó.
Longaric precisó que no
existía "ninguna otra posibilidad sino la de aplicar la Convención de
Viena y pedir que se los retire del territorio boliviano", refiriéndose a
los diplomáticos señalados.
El Gobierno boliviano
acusó este pasado viernes a la Embajada de España en La Paz de cometer
"atropellos" a su soberanía por el incidente en el que al parecer
funcionarios de esa delegación diplomática iban en vehículos oficiales
"encapuchados" y "presumiblemente armados".
El Ejecutivo interino
aseguró entonces que intentaron ingresar de forma "clandestina" a la
residencia de la embajadora de México en Bolivia, que alberga alrededor de una
decena de exautoridades de Evo Morales.
Cuatro de esas
exautoridades tienen órdenes de aprehensión, ya que el Gobierno interino de
Jeanine Áñez los acusó por distintos delitos como terrorismo. El suceso fue
interpretado por Bolivia como una intención de evacuar a los exministros Juan
Ramón Quintana, Wilma Alanoca y Javier Zavaleta, quienes junto a otros
exfuncionarios aguardan un salvoconducto que les permita cumplir el asilo en
México.
Logaric reveló que ni
España ni la canciller de ese país, Margarita Robles, tenían conocimiento de la
acción de los diplomáticos españoles en Bolivia, refiriéndose a una
conversación que tuvo el fin de semana con su homóloga hispana.
La vigilancia policial
en las dependencias de la embajada y la residencia mexicanas continúa, una acción
que ha sido calificada por las autoridades de México como un "asedio".
El Gobierno transitorio
boliviano ha justificado esa acción en base a pedidos de la Embajada de México
para redoblar la vigilancia y tras considerar el riesgo de una protesta social
para retirar por la fuerza a algunos funcionarios del Gobierno de Morales.
El Gobierno español ha respondido a las expulsiones de miembros de la delegación diplomática española en La Paz con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos destinados en Madrid. La respuesta es una medida de reciprocidad habitual en este tipo de casos.