El Pleno del Senado ha aprobado definitivamente este miércoles el acuerdo del Gobierno sobre la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, acompañada por el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', que ya fue validado el pasado jueves en el Congreso como paso previo a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.
En concreto, con 133 votos a favor, 109 en contra y 14 abstenciones, la Cámara Alta ha validado el acuerdo por el que se adecuan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones para este año, y se fija el 'techo de gasto', y ha hecho lo propio con la senda para el período 2021-2023, que también obtuvo el respaldo mayoritario del Congreso el jueves, y fue acompañado por sorpresa por el límite de gasto no financiero del Presupuesto para 2021.
La senda ha obtenido los votos favorables del PSOE (113), PNV (9), Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (5), Teruel Existe (2), CC-Partido Nacionalista Canario (1), PRC (1), PAR (1) y Agrupación socialista Gomera (1), así como las abstenciones de ERC (12) y de EH Bildu (2). De su lado, han votado en contra los 114 senadores del PP (96), Ciudadanos (6), JxCAT (3), Vox (3) y UPN (1) .
Durante su intervención en el Pleno del Senado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido el apoyo a todos los grupos parlamentarios del Senado a la nueva senda para dejar atrás los objetivos "irreales" de 2018 y no renunciar a una capacidad de gasto de 3.5000 millones en las comunidades autónomas y de 7.500 millones en la Seguridad Social.
Montero ha dicho que la validación de la senda es "un paso más" hacia los Presupuestos de 2020, en línea con los compromisos fiscales y un mayor margen fiscal para los territorios, así como más recursos para unos mejores servicios públicos. "Es la verdadera senda del progreso, del avance y del futuro", ha apostillado.
El 'no' a la senda, ha avisado, habría supuesto no aumentar las pensiones a 10 millones de pensionistas, dejar sin pensiones no contributivas y mínimas a más de 400.000 personas o que 190.000 padres viesen paralizada la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas.
A pesar de pedir una reflexión "rigurosa" para la votación y de destacar que la senda permitirá acompasar mejor los objetivos fiscales, no ha obtenido el 'sí' de JxCAT, que ha votado en contra.
Tampoco ha servido reiterar su compromiso para establecer una nueva regla de gasto que permita el uso del superávit, incluyendo inversiones financieramente sostenibles, o objetivos plurianuales y su destino a despoblación, educación, medio ambiente o gasto corriente para el fomento del empleo.