La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que la aprobación de la reforma fiscal podría retrasarse más allá de lo que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2023 si no se ha recuperado el crecimiento económico previo a la pandemia.

Pero la ministra no ve probable que esto pueda suceder: "La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica", ha destacado Montero en una rueda de prensa para presentar los componentes sobre fiscalidad, lucha contra el fraude fiscal y eficacia del gasto público incluidos en el Plan de Recuperación del Gobierno.

Según ha explicado Montero, no hay ninguna cifra de recaudación comprometida con Bruselas sobre la reforma fiscal de cara al año 2023, sino que hay un objetivo de reducir paulatinamente la diferencia de 7,7 puntos del PIB de presión fiscal que tiene España con la media de la zona euro. "No hay compromiso de cifras, ni se ha exigido ningún compromiso de cifras hasta no ver las conclusiones de los expertos", ha insistido.

En este sentido, la titular de Hacienda reconoce que tampoco se han comprometido con Bruselas ni a eliminar la bonificación del diésel ni los tipos reducidos del IVA.

La previsión del Ejecutivo es que se recuperarán las cifras de PIB prepandemia a finales del año 2022, por lo que las medidas fiscales contempladas se prevén para 2023, a pesar de que coincida con la celebración de elecciones generales. "Todo está en función de las previsiones de cifras de crecimiento. Si no llegamos a las cifras de recuperación, todo el calendario se movilizará", ha concluido la ministra.

En cualquier caso, Montero ha explicado que si se cambia el "cronograma", también se acordará con la Comisión, por lo que cree que no afectará a la recepción de los fondos si hay algún retraso de alguna reforma.

No obstante, la portavoz del Ejecutivo ha avanzado que determinadas medidas podrían abordarse en 2022, año en el que el comité de expertos para la reforma fiscal debe tener sus conclusiones y si así lo aconseja dicho comité. Esto no debe suponer 'per se' una subida de alguna figura tributaria, sino también puede implicar "algún incentivo fiscal o disminuir tipos".