Este teléfono (902 051 292) está teniendo un elevado uso por parte de los afectados por la huelga provocándoles perjuicios económicos añadidos, ya que una llamada de diez minutos puede llegar a costar más de seis euros, si se realiza con la compañía de móvil que tiene las tarifas más elevadas.
Si el usuario llama al 902 de Ryanair con un móvil de Movistar, el precio es de 46,95 céntimos por el establecimiento de la comunicación y 4,74 céntimos por minuto (21% de IVA incluido). Con un móvil de Vodafone, 18,2 céntimos por el establecimiento y 5,93 céntimos por minuto. Y con un móvil de Orange, 18,15 y 60,50 céntimos, respectivamente.
Si la llamada se realiza desde un fijo, el precio con Movistar es de 18,68 céntimos por el establecimiento y 14,52 céntimos por minuto (es la tarifa por las llamadas a líneas 902 de lo que esta compañía denomina Nivel 1).
Desde uno de Vodafone, 22 y 20,1 céntimos, respectivamente, Y desde un fijo de Orange, 12,45 y 2,86 céntimos (es la tarifa por las llamadas a líneas 902 de lo que esta compañía denomina Nivel 2).
Por todo ello Facua ha remitido un escrito a la nueva directora ejecutiva de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) del Ministerio de Sanidad, Marta García, en el que le solicita que inste a las autoridades autonómicas a multar a Ryanair por saltarse la legislación estatal y europea de defensa de los consumidores.
Petición de sanciones que la asociación hace extensiva al resto de empresas que usan líneas de alto coste para la atención al consumidor. En su escrito, Facua pide a la directora ejecutiva de Aecosan que recuerde a las comunidades autónomas que el uso de teléfonos de información y atención al usuario cuyo coste sea superior al de una llamada a un número con prefijo geográfico o una numeración móvil vulnera el artículo 21 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores.
No es la primera vez que Facua denuncia este tipo de irregularidades, tanto en Ryanair como en buena parte de las compañías aéreas. A comienzos del año pasado, la aerolínea irlandesa fue denunciada por la asociación ante las autoridades de protección al consumidor de las 12 comunidades autónomas en las que opera.
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