Mientras, el Consejo General del Poder Judicial ha informado de que han sido 2.018 los jueces que han parado, número que, según el CGPJ, equivale al 40,23 % de los 5.015 miembros de la carrera judicial.
El seguimiento, en cualquier caso, ha supuesto la paralización de unos 10.000 señalamientos, siempre según los convocantes, quienes han destacado los servicios mínimos adoptados por su iniciativa: no se han visto afectadas las medidas cautelares o las causas con presos, ni las bodas y enterramientos.
Además, no ha habido incidentes, aunque sí numerosas concentraciones de apoyo celebradas ante los edificios de sedes judiciales en ciudades de toda España y protagonizadas por jueces, magistrados, fiscales, secretarios, abogados y procuradores, apoyados por los sindicatos de los funcionarios, que han convocado un paro de una hora.
Así, cuatro de los 25 jueces de lo Penal de la Audiencia Nacional han secundado la huelga, entre ellos el juez de instrucción Eloy Velasco. Entre los apoyos se ha contado también el de la Plataforma Justicia Para Todos (que incluye a consumidores y sindicatos), encabezada por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha hecho expreso, por su lado, el apoyo de su sindicato a la convocatoria. Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha expresado desde Pamplona su "absoluto respeto" por los fiscales que han decidido sumarse a la huelga, pese a ser un derecho "no reconocido expresamente" en la Constitución.
José Luis González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria, una de las asociaciones de jueces convocantes, ha señalado en declaraciones a los medios que el seguimiento ha sido "satisfactorio".
Sin embargo, ha expresado "serias dudas" de que el ministro "recapacite", y eso a pesar de que, al margen del seguimiento de la huelga, el 100 % de la carrera está en contra de las medidas del Gobierno, según él.
En una asamblea ante jueces y fiscales celebrada en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, el portavoz de Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, quien también ha calificado de satisfactorio el seguimiento, ha lamentado haber tenido que llegar a estas medidas, que "causan perjuicio a los ciudadanos".
Además ha atribuido a la "exclusiva responsabilidad del ministro, que no ha expresado la más mínima voluntad de diálogo", el que hayan tenido que recurrir a esta medida.
El paro ha sido convocado contra la reforma de la Administración de Justicia promovida por Alberto Ruiz Gallardón, quien ha puesto en marcha medidas como un nuevo diseño del CGPJ, la práctica eliminación de jueces y fiscales sustitutos, la modificación del Registro Civil (privatizadora, según los convocantes) o las nuevas tasas judiciales.