La titular del juzgado de lo Penal número 18 de Madrid ha condenado a 131 controladores aéreos de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de Torrejón a multas de entre 15.000 y 31.500 euros, así como al gestor aeroportuario Enaire (antes AENA) como responsable civil subsidiario, por abandono del servicio público durante la huelga de diciembre de 2010.
En su sentencia, a la que ha tenido acceso laSexta, la magistrada absuelve, en cambio, a dos de los acusados por la Fiscalía, uno de ellos el que fuera portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), César Cabo, que no pactó con el Ministerio Público y contra el que no se han encontrado pruebas en su contra ya que en el momento de los hechos se encontraba de viaje en Asia.
El fallo también reconoce el abono de más de 13 millones de euros a los perjudicados por el cierre del espacio aéreo durante cerca de 20 horas, en concepto de responsabilidad civil. Cabe apelación ante la Audiencia de Madrid.
Durante el juicio, el actual portavoz de USCA, Daniel Zamit, aseveró que no se hizo ninguna huelga y culpó al entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de "montar un follón" para justificar la militarización del aeropuerto.
El relato de los hechos de la jueza
La magistrada ha concluido que, "en el puente de diciembre del año 2010, los controladores de tránsito aéreo acusados en este procedimiento, adoptaron un mecanismo de presión laboral consistente en abandonar sus puestos de trabajo de forma masiva, paralizando, de esta forma, el tráfico aéreo y ello bajo la dirección de los miembros de la Junta directiva y delegados sindicales del sindicato Usca".
Da por confirmado la sentencia el abandono de sus funciones de forma coordinada a través de la presentación de un escrito en el que "alegaban una disminución significativa de sus capacidades psicofísicas para desempeñar su puesto de controlador aéreo".
"Así, entre las 17.00 horas y las 17.15 horas, la totalidad de los controladores, en una acción colectiva y concertada con el fin de paralizar la actividad aeronáutica al margen de cualquier negociación colectiva u otra vía legal, presentaron ante el responsable de la sala dicho documento, escrito de su puño y letra", dice la magistrada.
La presentación del formulario obligaba, según la ley de Seguridad Aérea y el protocolo existente, a la dirección de AENA a la sustitución inmediata de dicho controlador.
119 acusados reconocieron en el juicio la acción concertada y colectiva de abandono de los puestos de trabajo, organizada por la Junta Directiva y delegados sindicales de USCA, con la finalidad de paralizar la actividad aeronáutica. Si bien el resto de controladores de tránsito aéreo no reconocieron los hechos, la sentencia diferencia entre aquéllos que presentaron el formulario del art. 34, 4 de la Ley de Seguridad Aérea y los que no entregaron dicho formulario, aunque se ausentaran igualmente.