El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto ley de la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos. Finalmente se publicará el jueves y no este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cumpliendo así con uno de los hitos comprometidos con Bruselas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido que esta reforma supone "pasar página a la precariedad" y fijar un "marco laboral que va a cambiar la vida de la gente". "Hay jóvenes que no han conocido un contrato que no sea basura en la vida", ha añadido Díaz, que ha agradecido el trabajo de los agentes sociales para sellar el acuerdo.

"Hoy es uno de los días más importantes del Gobierno y de esta legislatura", ha señalado en rueda de prensa la vicepresidenta, que ha incidido en que con estos cambios "se recuperan derechos de los trabajadores" frente a otras políticas de recortes y retrocesos.

Contra la precariedad y la temporalidad

El pacto alcanzado con patronal y sindicatos supone modificar algunos aspectos de la reforma laboral del PP en 2012, al recuperar la ultraactividad de los convenios y la prioridad del convenio sectorial en materia salarial. Además, sienta las bases de un nuevo modelo de ERTE que sirva de alternativa al despido ante crisis o reconversiones sectoriales e introduce diversos cambios para atajar la excesiva temporalidad del mercado laboral español. Entre ellos, que el contrato de trabajo ordinario sea el indefinido y que los temporales solo puedan celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo.

El primero sólo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda, por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce si así lo establece el convenio colectivo sectorial de turno. Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos.

De esta forma, ha subrayado Díaz, se expulsará de la legislación laboral el contrato por obra o servicio, que permitía temporalidades que en algunas ocasiones llegaban a los cuatro años.

Multas de hasta 10.000 euros por contratación temporal irregular

La vicepresidenta ha explicado además que, con esta norma, el contrato de obra en la construcción pasará a ser indefinido y cuando finalicen las tareas de la obra para la que ha sido contratado un trabajador, la empresa tendrá que recolocarle en otra obra o formarle y recualificarle con cargo a la empresa, a través singularmente de la Fundación Laboral de la Construcción.

Los sectores que estacionalmente recurren a contratos temporales tendrán que utilizar a partir de la entrada en vigor de la nueva regulación de contratos el fijo-discontinuo, que dará lugar a los mismos derechos que el resto de indefinidos, incluyendo la indemnización por despido, superior a la de los contratos temporales.

Asimismo, la norma reducirá a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido, frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente actualmente.

El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido. De hecho, se elevan las sanciones contempladas en la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS) por el uso fraudulento de la contratación temporal desde un mínimo de 8.000 euros a un máximo de 10.000 euros por infracción. Estas multas se aplicarán por cada situación fraudulenta y no por empresa, como se hacía hasta ahora.

Además, la reforma penalizará a las empresas que incurran en una rotación abusiva de contratos temporales con una tasa fija, según ha explicado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presenta también en la rueda de prensa. El decreto incluye la derogación de la disposición adicional decimosexta del Estatuto de los Trabajadores que permitía la posibilidad de acometer despidos por causas económicas en el ámbito de las Administraciones Públicas.

Negociación colectiva y ERTE para evitar despidos

El decreto modificará la reforma laboral de 2012 para recuperar el equilibrio en la negociación colectiva, reinstaurando la 'ultraactividad plena, de forma que los convenios colectivos se prorrogarán hasta que sean sustituidos por otros nuevos, sin un límite de tiempo, frente al plazo de un año establecido anteriormente.

Además, el convenio de sector recuperará su prevalencia sobre el convenio de empresa. Este podrá regular la elección entre abono o compensación de horas extras; el horario y la distribución del tiempo de trabajo; la adaptación de la clasificación profesional y las medidas de conciliación familiar, pero no la jornada laboral ni el salario. Además, a las contratas y subcontratas se les aplicará el convenio del sector de la actividad realizada o el de la empresa principal.

Asimismo, la norma potencia los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para evitar despidos colectivos. De este modo, la legislación laboral ordinaria incluirá los ERTE que se han utilizado masivamente durante la pandemia, también en lo referente a los beneficios de cotización vinculados a la realización de acciones formativas y al mantenimiento del empleo, así como a la protección por desempleo.

No cuenta con el apoyo de los socios

Esquerra Republicana y Bildu, socios presupuestarios del Gobierno de coalición, han insistido hoy en su rechazo a la reforma laboral pactada por sindicatos y patronal al considerar que no supone una derogación real de la legislación del Ejecutivo del PP. "Venden humo", ha resumido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de haber dedicado "muchas horas" a hablar con la CEOE y Cepyme y "cero horas" en negociar con sus socios.

"Han empezado la casa por el tejado", sostiene. A su juicio, "faltan" cosas en esa reforma laboral y "hay muchísimo margen de mejora", por lo que, de momento, los trece diputados de ERC están en "un 'No' bastante claro".

También la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha resaltado a los periodistas que la reforma laboral liderada por las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz no va a contar con el apoyo de su formación porque no da respuesta a las necesidades de los trabajadores.

En todo caso, si se convalida, Bildu exigirá que se tramite en el Congreso como proyecto de ley para introducir cambios porque faltan "muchísimas cosas" para cumplir el compromiso de la derogación completa de las normas que impuso el PP.

"Esta reforma no es histórica, pero puede serlo porque puede poner fin al recorte de tantos años --afirmó después en el Pleno del Congreso--. Esperamos que en la tramitación parlamentaria el Gobierno tenga una actitud constructiva, es necesario dialogar para cumplir la palabra dada, le parezca bien o mal a la patronal".

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