La Fiscalía Anticorrupción ha pedido la imputación del expresidente de Catalunya Caixa Narcís Serra y del ex director general Adolf Todó, así como de otros 52 miembros del Consejo de Administración en 2010, por aprobar aumentos retributivos de sus altos cargos pese a la "situación crítica" de la entidad.
Según la denuncia, firmada por el fiscal especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, Fernando Maldonado, en Catalunya Caixa han existido en los últimos años retribuciones e indemnizaciones "desproporcionadas y ajenas a la real situación de insolvencia" de la entidad, por lo que merecen ser investigadas, "máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica".
Para el fiscal, los 54 miembros del consejo de administración denunciados aprobaron aumentos retributivos y garantizaron indemnizaciones a los altos cargos "con evidente abuso del cargo", ya que "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".
En su escrito, el fiscal pide la imputación de 54 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa en 2010 por un delito de administración desleal por aprobar en enero y en octubre de 2010 sendas resoluciones para aumentar el salario de los miembros del comité de dirección, pese a que, debido a la "situación crítica" y de "insolvencia" de la entidad tuvieron que pedir en julio de aquel año 1.250 millones de euros de ayuda al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).
En la denuncia se remarca que los directivos se subieron las retribuciones variables en contra del criterio de la Comisión Europea, que las consideraba una forma inconveniente de retribuir a los altos directivos "por cuanto para su percepción procuran un beneficio rápido de la entidad, que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados".
El fiscal sostiene en la denuncia que estos acuerdos se aprobaron en una "situación crítica" y de "insolvencia" de la entidad y que, para comprender su alcance se tiene que tener en cuenta que una vez iniciada en 2007 la "importante crisis económica que todavía subyace", la entidad fue empeorando sus resultados económicos hasta tener que ser rescatada por el FROB.
En la denuncia, el fiscal detalla que tras reducir drásticamente beneficios y entrar en pérdidas, en julio de 2010 se hizo "urgente" la intervención del FROB, que tuvo que aportar 1.250 millones, el 23,51 % de los recursos propios de la entidad. En octubre de 2011, el FROB tuvo que desembolsar otros 1.718 millones más a Catalunya Caixa, con lo que pasó a asumir el 89,74% del capital del nuevo banco, salido de la fusión de las Cajas de Ahorros de Catalunya, Tarragona y Manresa, que fructificó en julio de 2010.
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