El exfutbolista y entrenador Xabi Alonso ha defendido su inocencia en el juicio al que se enfrenta por fraude fiscal de dos millones de euros en el que se le acusa de no tributar en los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012 bajo la falsa apariencia de una cesión de explotación de derechos de imagen a una sociedad.
"Daba por hecho que cumplía con las obligaciones tributarias, nunca pensé ni pienso que haya hecho nada que no podía hacer", ha subrayado a preguntas del fiscal durante su interrogatorio en la vista oral un Xabi Alonso, que se enfrenta a cinco años de cárcel.
A su llegada a esta sede judicial, ha mostrado tranquilo su "confianza" en que la Justicia le absolverá y ha aseverado que no quiere llegar a un acuerdo con la Fiscalía ante su "convicción" de ser exonerado del caso. "A eso venimos", ha dicho en respuesta a la pregunta si defenderá su inocencia.
"Siempre he sido claro y transparente sin que haya habido jamás ningún ocultamiento de nada. Siempre he pagado lo que me tocaba", ha aseverado recalcando de forma rotunda que nunca ha sido propietario de sociedades ubicadas en paraísos fiscales.
El fiscal solicita cinco años de prisión por la comisión de tres delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. Reclama la misma pena para el asesor fiscal Izan Zaldúa Azcuenaga y para el administrador de la sociedad Kardazli Comercio Servicios de Consultoría e Investiremos LEDA.
A cada uno de ellos les exige el pago de una multa de 4 millones de euros y en concepto de responsabilidad civil les pide el abono de forma conjunta y solidaria de 2.032.845 euros a la Agencia Tributaria, esto es, la cantidad total del perjuicio económico que provocó a la Administración Tributaria, más los intereses generados.
En su interrogatorio, el exfutbolista ha explicado en relación a un contrato de 1 de agosto de 2019 sobre la cesión de sus derechos de imagen que sus abogados, del despacho Cuatrecasas, le plantearon la posibilidad de constituir una sociedad --Kardzali-- cuando se encontraba en Inglaterra jugando con el Liverpool ante la posibilidad de ser fichado por el Real Madrid.
"Les pregunté si era legal. Me dijeron que era algo que se podía hacer y que era una práctica habitual. Con la confianza plena en ellos, lo firmé. No miré más allá", ha expuesto. A preguntas del fiscal, ha indicado que todos los contratos suscritos los examinaban sus asesores fiscales, indicando que él no conocía los temas jurídicos y podía leerlos pero no de forma profunda.
"Yo estaba más metido en mi futuro deportivo, no sé cómo se gestaron. Pregunte a mis abogados", le ha replicado al fiscal. Además, ha contado que era una practica habitual en el Real Madrid ceder el 50 por ciento en los derechos de imagen.
En el turno de su abogado, ha explicado que durante cuatro años estuvo residiendo en Liverpool, teniendo su residencia fiscal en esta ciudad. Ante la posibilidad de fichar por el Real Madrid, se puso en contacto con el despacho de abogados de Cuatrecasas, cuyos abogados le aconsejaron constituir una sociedad.
A instancias de su abogado, ha señalado que él no proponía al Real Madrid ceder el 50% de sus derechos de imagen, sino que era algo que se incluía en el contrato. También ha subrayado que no participaba en la gestión de la sociedad Kardzali y que los derechos de su imagen los cedió cuando aun era residente en Liverpool.
El escrito de la Fiscalía señala que a mediados de 2009 los tres acusados se pusieron de acuerdo para articular una "aparente" cesión de la explotación de los derechos de imagen del exfutbolista "con la intención de que el mismo obtuviera un beneficio fiscal ilícito".
Así, el 9 de agosto de ese mismo año Alonso, asesorado de forma "efectiva" por Zaldúa, suscribió un contrato por el que simulaba la cesión de la explotación de sus derechos de imagen a la sociedad Kardzali ubicada en Madera y cuyo administrador era Maestre.
Dicha mercantil, en la que Maestre ocupaba también desde el 16 de abril el cargo de gerente, pertenecía a una sociedad residente en Panamá de la que Alonso era el titular del cien por cien de las participaciones sociales desde el 16 de diciembre de 2009.
Tribunales
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