Cultura pone en marcha un protocolo para actuar contra la violencia machista y el acoso en el sector

El Ministerio de Cultura ha presentado un protocolo cuyo objetivo es prevenir y atender la violencia machista en el contexto laboral del sector. Un documento que pretende ser una guía para la detección y reparación de las víctimas.

En concreto, con esta medida se busca crear un entorno laboral seguro, respetuoso y libre de violencia en todo el ámbito cultural. Este texto sirve como marco de referencia común adaptable a las particulares de cada organización y su objetivo es garantizar que todas las personas puedan trabajar sin temor a sufrir agresiones físicas, psicológicas, sexuales o emocionales.

Durante la presentación, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha señalado que la Unidad de Prevención y Atención Contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural nació para decirle a todas las mujeres del cine, del audiovisual y de la cultura que "van a ser escuchadas, que su historia importa y que es una tarea colectiva e indispensable amplificar sus voces, otorgarles el lugar que no habían tenido".

De esta forma, en el documento destacan que el protocolo se basa en la prevención proactiva, actuando desde la detección temprana y ofreciendo una variedad de medidas preventivas "que sean capaces de frenar estas situaciones sin esperar a la constatación de la mismas".

Entre estas medidas, se encuentra, por ejemplo, la promoción de formaciones recomendadas para todas las personas integrantes de las producciones y proyectos culturales que favorezcan la creación de un espacio seguro e inclusivo, así como la implementación de códigos de conducta claros que se acompañen en todo caso de campañas de sensibilización y líneas de asistencia.

Además, el protocolo incluirá tanto medidas preventivas generales aplicables a cualquier empresa o entidad cultural, como acciones y recomendaciones específicas adaptadas a las particularidades de cada sector cultural.

Comisión de investigación

El procedimiento de actuación comienza con la creación de una comisión que estará formada por tres personas y un suplente en el caso de que se sea una empresa con más de 50 trabajadores. En el caso de que sean menos, la tarea la realizará una persona instructora con el apoyo de un suplente.

En concreto, esta comisión será la responsable de recibir, investigar y resolver las denuncias que les hayan llegado a través de unos canales que garanticen la privacidad de la persona afectada.

Cuando la comisión instructora o la persona instructora presenta el expediente informativo a la dirección de la empresa, esta última debe adoptar las decisiones que considere oportunas en el plazo de tres días laborables. La comunicación de la decisión se debe realizar por escrito a la presunta víctima, a la persona denunciada y a la persona o comisión instructora, que están obligadas a guardar sigilo sobre la información.

También existe la posibilidad de que se determine el sobreseimiento del asunto, en tal caso, la empresa valorará la conveniencia de adoptar medidas de separación física.

Todas las medidas y procedimientos que se contemplan en este protocolo se basan, entre otros, en la presunción de veracidad, que asegura que toda denuncia interpuesta por una víctima o testigo sea atendida e investigada, impidiendo que se invisibilicen o silencien las experiencias de las personas afectadas.

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