La filtración de información que afecta a derechos fundamentales está especialmente protegida por razones obvias, eso incluye la información fiscal, como en el caso del novio de Ayuso, o el secreto de las comunicaciones, como en el caso del presidente del Gobierno. Eso es lo que se aseveró, y con razón, cuando se inició una causa contra el fiscal general del Estado por la filtración del correo electrónico sobre la negociación en la que Alberto González Amador reconocía mediante su abogado la comisión de dos delitos fiscales. El hecho es que la filtración de las conversaciones privadas entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos que se encuentran integradas en la causa por corrupción en el seno del Ministerio de Transportes tiene la misma consideración porque no tiene nada que ver con la causa y a ella solo se tiene acceso por la intervención de los dispositivos de almacenamiento por parte de la Justicia y la Guardia Civil. Pero por alguna razón nadie será investigado ni se abrirá causa alguna por filtrar información en una causa ni difundir información confidencial y secreta.
Esto no se trata de un debate deontológico de periodistas sobre la ética y la legalidad de las conversaciones privadas, que también abordaremos, sino un hecho más sobre la discrecionalidad y la disparidad de criterios a la hora de valorar los mismos hechos cuando los hace la derecha y los sufre la izquierda que cuando sucede a la inversa. La constatación factual de lo ocurrido durante los años del Gobierno de coalición de Pedro Sánchez hace difícil sacar otra conclusión que no sea que cualquier incumplimiento de los usos y costumbres de la tradición política y los usos y costumbres cívicos está justificado para doblegar al Gobierno. Es así hasta el punto de retorcer la ley con Peinadosy portadas para erosionar tanto al Ejecutivo que la pérdida del poder sea un hecho sobrevenido.
Las conversaciones privadas no pueden ser publicadas por un tercero y solo pueden hacerse por uno de los participantes si no afectan al honor y la intimidad de uno de los participantes. Está extendido en la cultura de las redes sociales que publicar conversaciones privadas es legal si participas de ellas y luego vienen los sustos con la Justicia. Los periodistas tenemos una excepción a esa máxima. La jurisprudencia del Tribunal Supremo deja claro que para que los periodistas podamos eludir la prohibición del artículo 197 del Código Penal se tiene que valorar caso por caso si la información revelada es de interés público y con suficiente entidad para no poner en cuestión el derecho constitucional del secreto de las comunicaciones. La doctrina del alto tribunal explica que para que eso se produzca la entidad de lo revelado debe ser relativo a casos de corrupción, comisiones de delitos o hechos de gran calado informativo que justifiquen la publicación de conversaciones privadas. La legalidad o no de la publicación de una conversación por parte de los periodistas en la que no participan y sin tener permiso de las dos partes pasa porque la subjetividad del tribunal decida que la información es de mayor calado que el derecho vulnerado del diciente. Es por eso que hay que valorar si publicar un mensaje de Mariano Rajoy está justificado cuando manda ánimos a Luis Bárcenas cuando se sabe que guarda 50 millones de euros en Suiza o publicar los mensajes de Pedro Sánchez a José Luis Ábalos felicitándole el cumpleaños o hablando mal en privado de quien habla mal en público.
Yo lo tengo claro. En el caso de que yo fuera quien tiene en su poder mensajes propios de cotilleos entre Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez que no afecten a un delito o causa de corrupción jamás los publicaría porque soy consciente de que éticamente es cuestionable y legalmente cualquier juez estaría encantado de hacérmelo pagar. Pero en el caso de 'El Mundo', tengo claro que sí lo publicaría porque jamás un juez en España me metería mano por perjudicar a Pedro Sánchez. Para eso hay bula y especial protección jurídica. Un derecho reforzado no escrito para cualquiera que actúe contra el Gobierno. "El que pueda hacer, que haga" no es una frase hecha y es una política integral sistémica del poder profundo que lleva a Ayuso a agradecer a toda la cadena de transmisión los servicios prestados, y eso incluye de periodistas a jueces, pasando por asociaciones de abogados y cualquier organización de la sociedad civil que esté dispuesta a participar en el acoso y la hostigación de todo aquel que no sea servicial a los intereses de la derecha. Se trata del derecho patriótico de incumplir cualquier ley para tumbar al Gobierno.
