Blesa es quien presuntamente organizó la venta de preferentes a humildes jubilados para luego alegar ante el juez que no eran tan ignorantes como para no saberlo. Ha acabado huyendo de sus antiguos clientes, que le esperan furiosos a la salida de los juzgados. Su gestión dejó una Caja Madrid enfangada sobre la que se construyó una Bankia que cayó y que al caer casi se lleva al país con él.

El hundimiento de las cajas ha supuesto que por primera vez en dos décadas un banquero vaya a la cárcel. Aunque fuera por sólo unos días. Pero ¿están pagando realmente los gestores que arruinaron las cajas españolas? De momento, parece que no.

El Frob despidió a dos directivos de Catalunya Banc sin ninguna indemnización. Son de los pocos que no se marcharon con una jubilación millonaria. Lo denunciaron y un juez les ha dado la razón. El Estado tendrá que pagarles más de 1 millón de euros en indemnización. Según la sentencia, el Frob no ha acreditado adecuadamente los motivos del despido. Los 12.000 millones que el Estado tuvo que inyectar en la caja por culpa de su ruinosa gestión no son argumento suficiente.

Hay otros números que demuestran lo lenta que va la justicia persiguiendo estos escándalos. 61.000 millones de euros en ayudas públicas, 29 casos penales abiertos, 275 imputados, pero de momento sólo se ha empezado a juzgar a 5 personas. Y uno de ellos, curiosamente, es el juez que llevaba el caso más conocido: Elpidio José Silva acusado de prevaricar al meter a la cárcel a Miguel Blesa en el caso Caja Madrid.

Pocas sentencias y de momento muchas de ellas favorables a los gestores. Además, no parece que el Estado esté haciendo gran cosa para pedir responsabilidades.