Agencias antifraude, mejor prevenir que curar
Homo corruptus: cómo acabar con la especie que no se extingue
Puede que no exista la corrupción cero, como defiende el presidente del Gobierno. Pero sí hay iniciativas que intentan prevenir la corrupción como las oficinas antifraude de varias comunidades autónomas o Civio que pueden tener éxito a pesar de que se encuentran con el rechazo o la falta de colaboración de políticos de derechas y de izquierdas.
Joan Llinares convivió durante años con comentarios airados que denunciaban que la agencia antifraude que dirigía en Valencia era "un chiringuito".
Daba igual que la fiscalía alabase abiertamente su colaboración durante el juicio que permitió condenar a Eduardo Zaplana por haber cobrado comisiones al privatizar el sistema de ITVs.
Durante siete años habían investigado más de 1.000 expedientes y habían formado a más de 5.000 personas para prevenir y detectar la corrupción, pero el PP y VOX han decidido quitarles recursos: ahora ya no pueden hacer informes periciales para la fiscalía, a la que ayudaban.
"El haber cortado las relaciones con la fiscalía y con los juzgados de instrucción va dirigido a ver de qué forma se neutralizan los informes periciales. Se desactiva en la medida de lo posible", resalta Joan, cuyo mandato expiró el año pasado.
En las oficinas de la organización independiente Civio, su director, David Cabo, nos cuenta que llevan "un año y medio luchando contra el Gobierno para que nos dé la lista de los asesores, solo queremos saber quiénes son estos asesores que ahora son unos 900".
Las respuestas van desde la callada, como el ministerio de Interior que les ha ignorado, hasta el de Industria y Turismo, cuya contestación suena a recochineo, porque darles una lista de asesores es "mucho trabajo".
Hay que recordar que los asesores son figuras que se contratan a dedo y que pueden tener todo el sentido político. Por ejemplo, son especialistas que revisan leyes para que un lobby de presión no cuele los intereses de una empresa cualquiera. Pero sin transparencia, esos asesores pueden ser un Koldo cualquiera también.
"El ministerio de Agricultura es uno de los cuatro que sí ha respondido bien y nos ha dado el listado completo". También han contestado en condiciones desde las carteras de Inclusión, la de Transportes o el ministerio de Vivienda.
Curiosamente, hace pocos días el GRECO, el grupo contra la corrupción de la Comisión Europea, le recordaba al Gobierno que la contratación de asesores puede ser un coladero para manejar mal el dinero público. Y la oficina antifraude de Valencia no fue simplemente un capricho del penúltimo político que pasó por la Generalitat. Según Llinares, se inspiran en la normativa internacional de lucha contra la corrupción, en concreto la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003.
Recomendaciones que pretenden corregir un impulso con el que, según el exdirector de la agencia antifraude de Valencia, ha estado décadas batallando: "Soy funcionario del cuerpo de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local y a principios de los 80, que es cuando yo aprobé las oposiciones, todos los días te encontrabas con situaciones que había que reconducir. Desde alcaldes que te decían 'y yo por qué no tengo que cobrar un tanto por cien de las inversiones que se hacen en el pueblo si en la época del franquismo cobraban todos los alcaldes'... y tenías que explicarles que legalmente eso era un soborno. En los años 80 estaba asentada ya la corrupción porque la habíamos heredado de una dictadura putrefacta".
Las agencias antifraude: eficaces, rentables... y sin recursos
Según el Fondo Monetario Internacional, cada año la corrupción le cuesta a España unos 70.000 millones de euros. Podemos intentar buscarlos cuando el político de turno ya haya asignado las obras e incluso cuando estén levantadas, lo que conlleva ingentes recursos policiales y judiciales. O podemos hacer lo correcto: prevenir el delito antes de que empiece a andar, justo lo que las agencias antifraudes pretenden.
En las memorias de la oficina que dirigía Llinares aparecía un apartado en el que comparaban lo que costaba la agencia y los recursos que conseguían que aflorasen: "La media en aquellos 7 años fue que por cada euro invertido se afloraban 3 euros de conductas fraudulentas o de corrupción".
Y a pesar de eso, a esta agencia antifraude en tierras de Camps y Zaplana le han quitado recursos. Y en Baleares, tierra de Matas, un pacto entre Vox y el PP directamente la ha eliminado. ¿Por qué? La respuesta de Llinares es la siguiente: "Estas agencias no eran propuestas de los dos grandes partidos que desde el año 82 se alternan en el poder y que habían protagonizado tanto el uno como el otro gravísimos casos de corrupción, sino que nace de las formaciones políticas emergentes como fueron Podemos y Ciudadanos".