Reclamaba daños y perjuicios
El armador del 'Estai' habla de su demanda al Estado de Canadá: "Fue osado, pero hay cosas que la dignidad no puede olvidar"
laSexta Columna entrevista en este vídeo a Carlos Pérez-Bouzada y José Enrique Pereira, abogado y armador del 'Estai', que se enfrentaron a todo el Estado canadiense tras el secuestro del pesquero en la 'guerra del fletán'.

Cinco días después del secuestro del 'Estai' por la flota canadiense, el capitán del barco se enfrentaba a la justicia de este país acusado de pesca ilegal y de resistirse a la autoridad. Detrás de él estaba su abogado, Carlos Pérez-Bouzada.
30 años después, laSexta Columna entrevista en el vídeo sobre estas líneas al letrado que consiguió que el capitán recuperase su libertad y que, representando al armador del barco, se enfrentó a todo el Estado de Canadá.
"Se reclamaban los daños y perjuicios derivados del apresamiento ilegal del buque", explica Carlos, que detalla que hubo daños directos ocasionados al barco por los hielos en la navegación hacia el puerto de Saint John´s, "que fueron relevantes", así como la pérdida de pesca durante el periodo de tiempo que estuvo retenido.
José Enrique Pereira, armador del 'Estai', señala que la decisión fue presentar una demanda ante el Estado de Canadá en un tribunal de su propio país: "A lo mejor fue una cierta osadía por nuestra parte, pero hay cosas que la dignidad de una empresa no puede dejar olvidadas", afirma.
Era la segunda demanda que recibía Canadá tras este caso, después de que España presentara otra contra el país norteamericano en la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, meses antes del abordaje al 'Estai', Canadá había establecido que, para este tipo de conflictos, no se iba a someter al tribunal de La Haya.
"Modificó su normativa para dar los pasos que les permitiesen este tipo de actuaciones con un objetivo claro, que era hacerse con el control de la cuota de fletán negro", apunta el abogado, que recuerda que los movimientos de Canadá llevaron a que La Haya se declarara no competente en este caso.
Pero el armador no se rindió y diez años después, un juez canadiense resolvió su demanda civil, obligando al Estado canadiense a indemnizar a la empresa, si bien también dijo que "cualquier reclamación sobre la conducta de Canadá estaba injustificada".
Un resultado "agridulce" para José Enrique, que afirma que "nos merecíamos todo lo que pedíamos por la agresión ilícita que realizaron contra nosotros". Sin embargo, explica que recibieron compensación por todos los gastos provocados por el secuestro.