Más de cien familias viven en unos edificios que construyó el Ayuntamiento de Parla para que fueran pisos de protección oficial. Poco antes de estar terminados, la empresa constructora entró en concurso de acreedores y todo fue a parar a manos del BBVA. Ahora, los vecinos luchan por salvar sus casas y evitar el desahucio.
Sin embargo, no todos están en la misma situación. 53 de las 145 familias tienen un contrato legal, mientras que el resto están ocupando los pisos. "No queremos vivir gratis, pero que nos hagan un contrato social", reclama una de las afectadas.
Los vecinos con contrato y los ocupas tienen ahora la misma lucha, "tener una vivienda digna" y que no les desalojen a todos en marzo, como está anunciado en la actualidad.
Ana María es una de las personas afectadas, que hace cuatro años que vive en esta casa junto a sus dos hijos y su nieto. Un piso pequeño pero que asegura que no quiere dejar. "Que me pongan un alquiler social al menos hasta que encuentre trabajo", dice Ana María.
El BBVA, a través de la fundación Anida, ha asegurado a Más Vale Tarde que está intentando buscar soluciones. La primera y más fácil sería legalizar los contratos con los vecinos que accedieron con un alquiler de protección oficial. Por otra parte, hacer una lista de los ocupados, e intentar junto al Ayuntamiento de Parla encontrar una salida que no sea la calle.
BUSCAN UNA SOLUCIÓN ANTES DE MARZO