Ana Carmen, de 53 años, ha sido víctima de malos tratos. Madre de cinco hijos y abuela de una nieta de 16 meses. Desde hace 14 años es vecina de Cádiar, un pequeño pueblo en plena alpujarra granadina, y actualmente vive en una casa en la que se alojan nueve personas.
Sus ingresos, en suma, 426 euros de la Renta Activa de Inserción. Hace unos meses Ana Carmen aspiraba a conseguir una de las tres viviendas sociales que se adjudicaban en el municipio, pero no lo consiguió.
Porque el Ayuntamiento del Partido Popular adjudicó el primer puesto de la lista de demandantes, a la madre de una militante del propio partido pese a que en el Registro de la propiedad ya aparece como titular de una casa.
Ana Carmen denuncia que la adjudicación de estas viviendas se hizo a dedo, y sin tener en cuenta que pudiera haber solicitantes en riesgo de exclusión social.
Desde entonces, pide que se investigue el procedimiento de selección y el grupo municipal socialista ha solicitado un pleno extraordinario por la supuesta adjudicación irregular de las viviendas.
Por su parte, el alcalde de Cádiar, José Javier Martín Cañizares, se defiende apelando a la antigüedad en el padrón de los demandantes de vivienda social. Niega que se quisiese favorecer a la militante del PP, y acusa al PSOE de crear una polémica con esto.
Pero en medio de la pelea política, Ana Carmen, continúa viviendo en su extrema situación. Ni siquiera el cura de Cádiar se digna a atenderla, porque “está en pecado”.
