El acuerdo entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez ha generado mucha polémica y uno de los puntos más controvertidos es la mención al 'lawfare', que significa "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo". Eso mismo afirma Carles Puigdemont que lo ha sufrido y de ahí que lo haya incluido en su acuerdo con el PSOE.
Ese apartado ha hechos que muchos lo interpretasen como la creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la justicia para hacer una persecución política. La inclusión de este término en el acuerdo ha provocado un rechazo absoluto de parte de los jueces por un ataque a la separación de poderes.
Respecto al tema ha hablado el magistrado Ignacio González Vega en Más Vale Tarde, señalando que el PSOE ya ha aclarado que reafirman la independencia del poder judicial: "Hubo una aclaración por parte del PSOE. En esa rectificación se reafirmaban en la defensa de la independencia judicial. La referencia al 'lawfare' creo que ha sido desafortunada. Cualquier persona que se considere perseguido por una actuación judicial lo tiene muy fácil, puede querellarse contra el juez en cuestión y recurrir".
"Las resoluciones judiciales pueden ser objeto de crítica por parte de la opinión pública y de la clase política. Lo que no se puede hacer es deducir que esa resolución ha sido dictada por finalidades políticas. Se estaría invadiendo el poder judicial", añadió.
Sin embargo, tachó de "inaceptable" la posibilidad que esas comisiones de investigación, formadas por políticos, acusasen al poder judicial de actuar bajo esas finalidades políticas: "Si esas comisiones de investigación apuntan a unos jueces como que han actuado con finalidades políticas es inaceptable. Eso solo corresponde al poder judicial".
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Por último, señaló que la amnistía puede ser legal aplicarla, siempre y cuando respete una serie de principios: "En términos jurídicos una amnistía es posible siempre que respete los principios constitucionales".
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Como apunta Cristina Pardo, era muy complicado encontrar gente que hablar bien de la presidenta de la Diputación de León y presidenta provincial del Partido Popular de León.