El Poder Judicial español está revuelto tras conocer el acuerdo de investidura alcanzado entre PSOE y Junts este jueves por la inclusión entre sus cuatro páginas de lo que consideran que es un ataque a la separación de poderes y la intromisión en la Justicia.
Las cuatro asociaciones de jueces, tanto conservadoras como progresistas, la tres asociaciones de fiscales, el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Madrid han expresado una dura crítica al contenido del acuerdo y a la amnistía a toda causa judicial relacionada con el procés. Esta unanimidad es muy poco frecuente y solo la habíamos visto en temas muy concretos como las demandas corporativas o el rechazo del terrorismo .
¿Qué es lo que no gusta a los jueces?
La parte en cuestión que ha levantado más ampollas ha sido la mención al concepto "lawfare o judicialización de la política", la forma en la que los independentistas se han referido siempre a una supuesta instrumentalización de la justicia contra el independentismo.
Ya solo estas palabras han servido para levantar en tromba a todo el sector por lo que consideran que es una muestra de "desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial".
Las asociaciones judiciales remarcan la independencia del Poder Judicial en España y aseguran que este "no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".
Pero esta crítica tan frontal se explica también por lo ambiguo de la frase al completo en la que se incluye el concepto de lawfare que ha dado lugar a tantas interpretaciones en contra a las que luego ha tenido que aclarar el PSOE.
La frase del conflicto dice, textualmente:
En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.
A partir de aquí, las asociaciones de jueces expresaron que PSOE y los independentistas querían "crear" comisiones de investigación para revisar actuaciones judiciales.
El acuerdo equipara a los jueces con los delincuentes"
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús Barco, fue la primera en reaccionar al acuerdo para afirmar esta expresión "pervierte la asociación de poderes" y que presupone una "posible prevaricación judiical" que equipara a los "jueces con los delincuentes".
"Es abrir una puerta muy peligrosa", dice Barco, quien aseguraba que "no se puede asumir una ley que vulnere la separación de poderes".
A última hora del jueves, el propio CGPJ expresó su "repudio" a la inclusión del lawfare en el acuerdo y consideran que, de producirse (no lo dan por hecho, sino que hablan de "potencial revisión parlamentaria"), implica "una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes" y dicen que se opondrán a esta iniciativa "a través de los cauces legalmente establecidos" en caso de materializarse. Como la propia redacción del CGPJ indica, no se da por hecho que vaya a darse esa injerencia, pero se da pie a que pueda darse.
También fiscales y abogados
Además de jueces, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) también habla de "ataque insólito a la independencia del Poder Judicial" y la Unión progresista de Fiscales igualmente rechaza la expresión de lawfare y entiende que se van a crear "comisiones de investigación sobre actuaciones judiciales".
"El uso del término lawfare no tiene cabida en un Estado democrático", dice también el Colegio de Abogados de Madrid.
Más allá de asociaciones, la sensación entre los jueces es de que se ha pasado una línea roja que nunca se había pasado. Y entienden la referencia al lawfare, más allá de que se creen comisiones de investigación nuevas o no, como una humillación para ellos. Incluso muchos hablan de "chavismo" y "Venezuela".
El PSOE niega que vaya a "fiscalizarse" a los jueces
El PSOE ha respondido a las críticas aclarando que la intención de esa parte del acuerdo no es "crear comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de lawfare", y que cuando se refiere a "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura", se esta aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso: "Ninguna otra".
Esas comisiones que citan son las de la llamada "Operación Cataluña", conocido como caso Kitchen, y la del caso escuchas ilegales Pegasus. El PSOE dice que solo se quieren reactivar esas comisiones de forma paralela a los procesos que lleve la Justicia.
A pesar de la explicación, los letrados siguen en su afrenta y este viernes más de medio centenar de jueces decanos de toda España han firmado un acuerdo "en rechazo de la referencia al lawfare en el acuerdo entre PSOE y Junts" en el que se asegura que el texto del acuerdo "contiene explicitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la politica".
Los firmantes dicen adherirse al comunicado publicado en la tarde de ayer por las Asociaciones Judiciales y reivindican que "el Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones politicas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".
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