La historia de Rumasa sigue viva 40 años después de su expropiación. Los tribunales han ordenado al Gobierno calcular el valor de la empresa. En su momento, se fijó que por sus deudas y problemas no valía nada, por lo que no se pagó nada a la familia propietaria. Ahora, la Justicia admite que el conglomerado de empresas podría tener algo de valor, que es necesario aclarar cuánto y, si se da el caso, pagárselo a los Ruiz-Mateos.

Rumasa suponía el 2% de la riqueza nacional, con sus más de 700 empresas y 60.000 empleados. Controlaba un tercio del sector bancario español, además de poseer Galerías Preciados, Loewe, los rascacielos de las torres de Colón de Madrid y el Banco Atlántico, entre muchísimas otras entidades.

Rumasa tomaba el dinero de sus bancos y se lo prestaba a sus empresas, que no tenían solvencia y no podían devolver el dinero. Con ello, podían estar en peligros los depósitos de los clientes. Esa era la sospecha en el sector bancario y el Banco de España, encargado de controlar a los bancos, por lo que le pidieron auditorías, le exigieron sus cuentas y sus libros para comprobarlo, pero no llegaban. El dueño, José María Ruiz-Mateos, se resistía.

El sábado 19 de febrero de 1983, el Gobierno avisó. Así lo pudieron leer los españoles en la prensa: "Si Ruiz-Mateos no da las auditorías, el Gobierno enviará a los suyos". Lo anunció Miguel Boyer, el ministro de economía, reconociendo públicamente que el Gobierno no se fía de Ruiz-Mateos ni de sus bancos.

Los bancos no abrían los sábados: abrieron el lunes, y hubo colas. Los clientes, asustados, quisieron retirar su dinero. Cerca de 10.000 millones se retiraron ese día; el mismo día que Ruiz-Mateos responde al Gobierno y a los que dudan de la solvencia y la liquidez de sus bancos, pero sin colaborar. El dueño no cede, los clientes sacan su dinero de los bancos, el temor a que los bancos caigan y se queden sin fondos crece en el Gobierno... Toman una decisión: el Gobierno va a hacerse con Rumasa. No solo con los bancos, sino también con las empresas, que, por cierto, tenían deudas con la seguridad social.

El Gobierno socialista, que había llegado hacía apenas unos meses a la Moncloa, toma esa decisión. Desde que se publica la advertencia del ministro hasta que se expropia pasan cinco días.

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