Rodrigo Blázquez, presentador de laSexta Clave, repasa con el periodista Alfonso Pérez Medina el papel de todos los protagonistas de la trama de las comisiones millonarias por la venta de material sanitario al Ayuntamineto de Madrid y las consecuencias a las que se pueden enfrentar. Empezamos con Luis Medina: ¿por qué su papel en la trama es tan importante? Tal y como cuenta el periodista, porque es el 'conseguidor'. Esto es, el hombre que abrió la puerta del Ayuntamiento de Madrid.

Sin sus contactos, el negocio no habría sido posible. Según Anticorrupción, aprovechó su condición de "personaje conocido de la vida pública" y su "amistad" con el primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para conseguir el contrato. Así consiguió ese contrato y se llevó una comisión de 917.572 euros que le permitió hacerse con un yate, ahora embargado, y dos bonos bancarios. Así las cosas, ¿cuáles son los delitos y penas a las que podría enfrentarse?

A destacar: estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental son los tres primeros. Ya está imputado y tendrá que declarar por estos tres delitos, que en total podrían sumar, en el peor de los casos, hasta 15 años de cárcel. Vació sus cuentas bancarias y a eso podría suponerle una cuarta imputación: la de alzamiento de bienes tras haber intentado deshacerse de los mismos cuando ya estaba siendo investigado, lo que le podría acarrear otros cuatro años de cárcel.

Ahora, pasamos a analizar al segundo personaje de esta trama: Alberto Luceño. ¿Se puede decir que es el ejecutor del pelotazo de las mascarillas? Es el hombre que se encargó de la logística para realizar la operación. Negoció con el Ayuntamiento los términos del contrato y, según el sumario, falsificó documentación para presentarse como agente exclusivo de la empresa Leno y engañó a su propio socio, lo que le permitió hinchar los precios para poder llevarse una comisión, en su caso, de hasta 4.680.236 euros.

San Chin Choon, el empresario malayo que puede ser el testigo clave de la investigación y el único que podría sostener la coartada de Luceño

Con ese dinero se compró una vivienda en Pozuelo de Alarcón y 14 coches de lujo. También se enfrenta a los tres delitos imputados a Medina: estafa, falsedad y blanqueo. Unos delitos por los que le pueden caer hasta 15 años de cárcel. Finalmente, hablamos del personaje más peculiar de la trama, San Chin Choon, ese empresario malayo al que la Fiscalía Anticorrupción no encuentra. Puede ser el testigo clave de la investigación y el único que podría sostener la coartada de Luceño.

Es el director general de la empresa Leno, la compañía de Malasia que facilitó las mascarillas, los guantes y los test que compró el Ayuntamiento. Según Luceño, le nombró "agente exclusivo para España" y eso fue lo que le permitió hinchar los precios para poder llevarse seis millones en comisiones de un contrato de 11 millones. Pero Anticorrupción cree que toda la documentación es falsa: no coinciden las fechas, hay firmas distintas. Por eso quiere interrogarle, para despejar esas dudas, pero de momento no le localiza.

Las responsabilidad del Ayuntamiento y de Almeida

Y de los personajes principales de esta trama, a los secundarios. Nos fijamos en el Ayuntamiento de Madrid para saber quién compró las mascarillas y el resto de material sanitario que sirvió de engranaje para los presuntos delitos. La encargada fue Elena Collado, responsable de Presupuestos del Ayuntamiento de Madrid. Declaró como testigo ante la Fiscalía Anticorrupción. "Nos han estafado seguro", le dijo en un whatsapp a Luceño. De cómo llegaron Medina y Luceño a ella hay dos posibles versiones: a través del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida, o con la participación de Matilde García Duarte, coordinadora general de la Alcaldía y mano derecha del regidor.

Este repaso finaliza con otro personaje imprescindible en este tema: el alcalde de Madrid. ¿Puede enfrentarse Martínez Almeida a algún tipo de responsabilidad penal? De momento, no está imputado ningún responsable del Ayuntamiento de Madrid, tampoco el alcalde. Pero un abogado, a título particular, Fernando Pamos de la Hoz, lo ha solicitado. Le atribuye la omisión del deber de perseguir delitos por no haber puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía o de los tribunales en el momento en que Elena Collado dijo haberse sentido estafada. Ahora mismo es poco probable que Anticorrupción pida su imputación pero la investigación está comenzando y habrá que oír las declaraciones de los investigados ante el juez.

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