Europa exige a España avanzar en la lucha anticorrupción: seis medidas clave siguen sin aplicarse

Mientras Pedro Sánchez continúa con su ronda de contactos con los socios políticos para afianzar la legislatura, la lucha contra la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente en España. Aunque los socios presentan sus demandas —el PNV pide ejemplaridad, Coalición Canaria habla de contundencia, Junts exige que se cumpla la agenda catalana, y Sumar junto con Esquerra reclaman acabar con los aforamientos y evitar contratos con empresas corruptas—, detrás de estos reclamos generales existe un problema mayor: muchas de las recomendaciones internacionales para reforzar el combate a la corrupción no se han aplicado.

En 2019, el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), organismo del Consejo de Europa, formuló 19 recomendaciones concretas para España. De ellas, solo 13 se han implementado, incluyendo avances en códigos de conducta, transparencia, acceso a datos públicos y protección a denunciantes. Sin embargo, seis medidas fundamentales siguen sin ejecutarse, poniendo en entredicho la verdadera voluntad política para erradicar prácticas corruptas.

Entre las recomendaciones pendientes más destacadas están:

• Controlar a los asesores políticos: el GRECO alertó sobre la influencia de los asesores, como Koldo, que, a diferencia de los cargos políticos, no están sujetos a controles estrictos ni normas de transparencia e integridad. Esto genera un vacío de responsabilidad y vigilancia que puede facilitar la corrupción. La recomendación fue clara: aplicar a estos asesores las mismas exigencias que a los políticos con poder de decisión. A día de hoy, esta recomendación no ha sido atendida.
• Publicación de las agendas de políticos y políticas: conocer con quién se reúnen los cargos públicos, sobre qué temas hablan y dónde, es fundamental para evitar decisiones opacas y posibles conflictos de interés. GRECO insistió en la necesidad de hacer públicas estas agendas, especialmente cuando las reuniones puedan afectar la legislación o la gestión pública. Sin embargo, España sigue sin cumplir esta medida clave para garantizar transparencia real.
• Frenar las puertas giratorias: el paso de políticos a empresas privadas vinculadas a su antiguo cargo público plantea graves dudas sobre la independencia y el interés público. El Consejo Europeo pidió revisar y fortalecer las restricciones existentes, además de que un organismo independiente supervise estas transiciones para evitar influencias indebidas. Hasta ahora, esta recomendación sigue sin implementarse.
• Reformas en la Guardia Civil y Policía: se solicitó revisar los mecanismos de acceso y las sanciones disciplinarias dentro de estos cuerpos para garantizar que se mantenga la integridad y la responsabilidad interna. Esta área tampoco ha experimentado los cambios necesarios.
• Modificar los aforamientos: los aforamientos —que protegen a ciertos políticos de ser juzgados por tribunales ordinarios— han sido un obstáculo para investigaciones judiciales sobre casos de corrupción, incluyendo a figuras como José Luis Ábalos o Santos Cerdán. GRECO ha recomendado su reforma para que no entorpezcan la labor policial ni judicial. Aunque este punto es clave para una justicia efectiva, sigue pendiente.

Estas seis medidas que siguen sin aplicarse son esenciales para avanzar hacia un sistema político más transparente, responsable y confiable.

Mientras el Gobierno y sus socios hablan de ejemplaridad y contundencia, la realidad que dibuja el Consejo de Europa muestra que España aún no ha dado los pasos decisivos que demanda la comunidad internacional para acabar con la corrupción. La lucha contra la corrupción no puede ser solo un discurso: exige acciones concretas, valientes y urgentes. ¿Está España preparada para cumplir estas recomendaciones o seguiremos quedándonos a medias?