El Defensor del Pueblo ha presentado en el Congreso un informe en el que aborda la pederastia en la iglesia católica y estima que 445.000 personas han sido víctimas en nuestro país.
¿Van a pagar los pederastas? Dependerá de la Justicia, sobre todo de lo que se pueda juzgar. Hasta hoy se han enjuiciado 168 casos de los que casi el 90% han acabado en condena para los agresores.
En la mayoría de casos se ha impuesto una condena de prisión que, de media, supera los cinco años. En prácticamente todos los casos la pena de cárcel ha ido acompañada de una indemnización para la víctima: 12.150 euros de media.
La mayoría de los condenados, abusaron de más de una víctima y eran párrocos o sacerdotes. Pero también profesores religiosos.
Sobre cuál puede ser el horizonte penal en aquellos casos todavía no enjuiciados, la situación es incierta.
La Iglesia sigue blindada ante décadas de abusos, principalmente debido a la prescripción del delito. Muchas víctimas eran menores cuando ocurrieron los hechos. En el caso en que el delito sea muy grave, si han pasado 20 años, prescribe.
En 2021, el Gobierno aprobó la Ley de Protección a la Infancia, para que el plazo de prescripción por un delito contra la libertad sexual de un menor no empiece a contar hasta que la víctima tenga 35 años. Sin embargo, esta medida no es retroactiva y no afecta a los casos anteriores a 2021.
La balanza de la Justicia se encuentra, por tanto, en un delicado equilibrio, donde se busca sopesar el número abrumador de víctimas con la capacidad de llevar a juicio a aquellos responsables.
La iglesia se enfrenta a un desafío sin precedentes mientras las víctimas buscan justicia, sanación y cierre a un oscuro capítulo que ha marcado sus vidas de manera indeleble.
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