El equipo de 'El Objetivo' ha preguntado a 25 catedráticos de Derecho Penal y Procesal y, salvo uno, todos dicen que los españoles somos iguales ante la ley en la teoría pero  no en la práctica. "Yo creo que nuestra Constitución es contundente, el artículo 14 reconoce la igualdad de todos los españoles ante la ley, otra cosa diferente es la percepción que cada uno tenga del trato recibido en los distintos ámbitos de la vida", explica Bravo.

La portavoz del Poder Judicial ha citado un artículo que habla de igualdad, sin embargo la Carta Magna también contempla que la figura del rey es inviolable. Próximos a este están Urdangarin y la infanta Cristina, sobre los que hay una percepción de inmunidad por parte de la ciudadanía. "Los jueces en el ejercicio de sus funciones son absolutamente implacables en la aplicación de la ley, sea quien sea. La aplicación de la ley, incluso tratándose de la infanta, es y debe ser igual para todos", asegura Gabriela Bravo.

Ana Pastor pregunta si es habitual que un fiscal recurra una imputación para evitar que alguien declare, algo que Gabriela Bravo intenta regatear recurriendo a la omnipotencia de la ley. Finalmente, la portavoz del Poder Judicial asegura que en muchos casos, en la fase de investigación, ha pedido el sobreseimiento a determinados imputados. “No me parece algo anormal”.

"Yo no puedo afirmar ni negar que haya presiones"

Varios jueces han afirmado en los últimos tiempos que reciben presiones durante la instrucción de determinados casos, algo que a Bravo no le consta. "Yo no puedo afirmar ni negar que haya presiones, confío en que el juez o el fiscal no estén sometidos a ninguna presión".

El aforamiento de los políticos suele ser un aspecto polémico porque igualmente contribuye a crear una percepción de inmunidad que violenta a la ciudadanía. Sobre este asunto, Gabriela Bravo recuerda que "el Tribunal Constitucional distinguió hace mucho tiempo qué es la igualdad ante la ley y qué es aforamiento. Esto no significa un trato diferenciado en la aplicación del derecho. La Constitución prevé un fuero especial en aras del significado de la institución que representa un determinado cargo político".