Cuando surgieron las primeras quejas por parte de asociaciones de consumidores, en el 2003, el Gobierno de Aznar encargó al ministerio de Sanidad y Consumo que investigaran las inversiones de arte.
Tres años más tarde, en 2006, cuando ya no estaba Aznar en el Gobierno y empezaron a estallar todos los casos de estafas piramidales; la que era ministra de Sanidad, Ana Pastor, dijo que ella ya había avisado en dos cartas a Rodrigo Rato de que no podía supervisarlo porque no tenía medios.
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En definitiva, el Estado no hizo nada por evitar la estafa y, cuando Guillermo García del Toro, administrador único de Arte y Naturaleza, se declaró insolvente, los inversores dejaron de cobrar. Los afectados tardaron diez años en sentar a la cúpula en el banquillo y tuvieron que esperar dos años más para que saliera la sentencia.
Anatomía de una filtración
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El ABC filtró la noticia de que en la Audiencia Nacional estaban investigando el entramado empresarial de la SGAE. Como la cúpula tenía los teléfonos pinchados y hablaban de la noticia, el Juez decidió intervenir antes de tiempo para evitar que eliminaran pruebas.