Enrique Santiago, abogado de Izquierda Unida y de la acusación popular en el caso Bárcenas, afirma que ya habrían llamado a declarar como testigo a Mariano Rajoy, "si no fuera presidente del Gobierno".
"El PP ha cometido un delito de encubrimiento detrás de otro"
"Si el presidente del PP no fuera presidente del Gobierno ya lo habríamos llamado a declarar como testigo hace tiempo, porque el señor Rajoy aparece sistemáticamente en esta investigación. Aparece en los papeles como perceptor de cobros y aparece negociando asuntos delicados que tienen que ver con la investigación del procedimiento y tomando decisiones".
Señala que con toda probabilidad "va a ser propuesto al juez que sea citado como testigo. Incluso hay material jurídico para que se solicitara tenerle por imputado, como máximo responsable del PP en el momento en el que se han producido estos encubrimientos", concluye.
El abogado no se sorprende de las contradicciones existentes entre la declaración de María Dolores de Cospedal y la de Javier Arenas ante el juez instructor del caso, Pablo Ruz.
“Cada uno cuenta su versión, lo que está claro es que las condiciones de salida del señor Luis Bárcenas se pactaron en la reunión de marzo de 2010. Además, Cospedal declara que fue Rajoy el que le trasladó los acuerdos que habían adoptado”.
Cospedal habló de una reunión donde se pactó un trato de favor para Bárcenas, y Arenas se refiere a la misma reunión como una cita entre amigos, aunque no ha negado que se adoptaran esos acuerdos.
Durante el juicio, Javier Arenas repitió hasta en 76 ocasiones "no lo recuerdo”, algo que para el abogado de la acusación popular es poco creíble. “No sólo Javier Arenas, también el señor Francisco Álvarez Cascos tenía ausencias significativas de memoria, todas ellas cuando se les preguntaba algo relacionado con la comisión de delitos o sobre las responsabilidades jerárquicas que establecen los estatutos del PP”, afirma.
Sobre la destrucción de datos de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas que elPP entregó al juez, Enrique Santiago cree que se trata de un delito de encubrimiento “de manual de derecho penal”. Encaja perfectamente, dice, “en lo establecido en el artículo 451 de nuestro Código Penal: 'aquéllos que ocultaren pruebas o dificultaren la marcha del procedimiento penal'”.
Además señala que es mucho más grave “cuando la señora de Cospedal previamente, en sede judicial, había declarado que esos ordenadores estaban "custodiados". Es decir, garantizado su contenido. La señora Cospedal mintió, y del PP habrá que determinar quién es el máximo responsable de la comisión de ese delito clarísimo”.
“A parte, en enero de este año entró en vigor una reforma del Código Penal que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre ellas los partidos. Nosotros vamos a solicitar que el PP sea tomado en la causa como responsable penal por ese delito de encubrimiento".
Además, "formularemos acusaciones contra personas concretas por ese claro delito de encubrimiento”, asegura el abogado, que recuerda que "no han sido sólo los dos discos duros. En el mes de mayo de este mismo año también se comunicó que habían eliminado los libros de visita y las grabaciones de imagen de las visitas a la sede del PP. Es un delito de encubrimiento detrás de otro", concluye.
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