Siendo aún capaz y consciente, Ana, enferma de Alzheimer genético desde los 39 años, dejó por escrito sus voluntades anticipadas, diciendo que declaraba su preferencia de no prolongar la vida en situaciones irreversibles.
Sin embargo, en esa declaración de 2017 no especificó la palabra eutanasia, ya que ni se esperaba una ley ni había opción de ponerlo. El no haberlo hecho choca frontalmente con la ley en vigor, que exige que el paciente ha de estar en pleno uso de sus facultades para acogerse a ella.
La ley prevé que la eutanasia la pueda solicitar única y exclusivamente el enfermo en plenas capacidades, nadie más. Loren Arseguet, responsables del área internacional de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, cuenta a laSexta que la ley no se puede aplicar porque "no hay una petición personal y razonada de la persona".
José Luis Fernández, marido de Ana, explica que Sanidad "no permite que los enfermos de demencias pidan eutanasia en un estado temprano porque son capaces y no sufren, pero cuando llega su deterioro ya no puede decidir".
Por eso, desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente recuerdan la importancia de realizar un testamento vital, donde se especifique claramente el deseo de recibir la eutanasia.
"La gente que lo ha redactado así es válido ahora con la ley; sí se considera que siendo capaz y competente han solicitado la eutanasia. Pero si no lo han hecho así, no hay nada que hacer", cuenta Arseguet.
Y ese es el caso de Ana. José Luis teme lo que pueda pasar ahora con su mujer, abriendo la puerta a la vía judicial. Y aún así, según la ley, va a ser casi imposible que le concedan la eutanasia. A pesar de ello, José Luis hará todo lo posible para que Ana cumpla su deseo: morir de la forma más digna posible.
