Así lo ha denunciado la vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas. Ha insistido en Valladolid en que el futuro pacto nacional contra la violencia machista debe incluir protocolos por acoso laboral y sexual en las empresas y que entren en la negociación de los convenios colectivos, con el fin de poder llegar a las mujeres que trabajan en pymes, donde no hay obligación de tener planes de igualdad y que son una mayoría en España.
"El acoso sexual en el trabajo es una forma más de violencia de género", ha sostenido hoy la sindicalista en declaraciones a los periodistas antes de participar en una jornada de la UGT de Castilla y León centrada en la protección y el empleo como ejes para combatir la violencia de género.
La dirigente ha valorado el pacto nacional contra la violencia de género aunque a su juicio"ha quedado cojo", ya que solo habla de los trabajadores públicos y "deja fuera a un millón de trabajadoras de la empresa privada", y además su dotación monetaria "es insuficiente".
Antoñanzas ha incidido en las dificultades que tienen las mujeres de las pequeñas empresas, que por ejemplo en el caso de Castilla y León suponen entre el 94 y 95 por ciento de su tejido empresarial, a la hora de denunciar casos de acoso sexual, ya que es "complicado probarlo, por miedo al despido y a represalias". Además, "se pone en cuestión a la víctima, a la que de entrada o se le cambia de puesto de trabajo, o de centro e incluso de ciudad en la que trabaja", lo que no se hace con el supuesto acosador, ha denunciado.
Por ello, además de reforzar esa cuestión en el pacto nacional, ha abogado por que sindicatos y patronal aborden esos protocolos contra el acoso, para que se incluyan en la negociación colectiva, y puedan llegar a todas las trabajadoras, ya que los planes de igualdad sólo son obligatorios en las empresas que tienen más de 250 empleados.
Desde UGT, tambíen apuestan porque comience a protegerse a la mujer desde que comunique que ha sido víctima de acoso sexual, en esta línea ha pedido que se pueda aplicar a la empresa privada la misma medida que existe en lla a administración pública: posibilidad de cogerse un permiso de dos meses con empleo y sueldo garantizado.
La vicesecretaria general de la UGT ha confiado en poder introducir estos avances a través de enmiendas al pacto nacional contra la violencia machista que actualmente está en tramitación en las Cortes generales.