Salvan vidas en el mar, 218 recientemente. Cerca de 60.000 desde el año 2015, pero la Fiscalía de Catania les trata como a criminales.
"Todo esto se hace también para generar una distorsión y tacharnos de delincuentes, de grupo organizado", explica Óscar Camps, fundador y director de la ONG Proactiva Open Arms.
El barco de Proactiva Open Arms lleva una semana inmovilizado en el puerto italiano de Pozzallo, en Sicilia. Se negaron a devolver a Libia a los inmigrantes rescatados y ahora tres de sus tripulantes están acusados de promover la inmigración ilegal.
Se enfrentan a penas de entre 4 y 12 años de cárcel y a una multa millonaria que podría alcanzar los tres millones de euros. "Intentan que suframos económicamente y crear una opinión negativa hacia nosotros", añade Óscar Camps.
Proactiva asegura que ha cumplido la normativa internacional y el ministro de Exteriores español les respalda. Alfonso Dastis ha dicho que "recoger personas en alta mar en misión de salvamento no parece que pueda objetarse".
Desde la aplicación del polémico Código de Conducta italiano, las ONG denuncian una mayor persecución. Campaña de desprestigio que se une a las amenazas.
Según ACNUR, estas organizaciones realizan el 40% de los rescates en el Mediterráneo, pero cada vez son más las que se dan por vencidas. "Si las ONG se retiran de los rescates, ¿quién va a cubrir ese espacio?", se pregunta Rosa Otero, miembro de Comunicación de Acnur.
Pese a los obstáculos, Proactiva Open Arms asegura que seguirán salvando vidas y ya están buscando otro barco para volver a alta mar.