Adela Pedrosa, la alcaldesa de Elda que ha votado en contra a que le prorroguen una beca de 800 euros a la hija de la senadora por Alicante. El órgano encargado de alargar esta subvención es la diputación de Alicante que ya le concedióla beca hace seis meses.

"Se trata de coherencia política. Se nos pide mucha transparencia a los políticos y es lo que debemos hacer. Ahora, si también van a ver mal que alguien tenga coherencia política, no lo voy a entender", señala la alcaldesa de Elda.

La alcaldesa ha sido la única dirigente popular que ha votado en contra después de abstenerse la primera vez que le concedieron la beca, lo que provocó la polémica en el momento de la votación. "Es una beca única, muestra la moralidad del Partido Popular, que sólo beneficia a los más poderosos", indica Rubén Alfaro, portavoz del PSOE de Elda.

La madre de la becada es Virginia Romero, concejala de Hacienda de Elda y senadora por Alicante. Ella asegura que su hija había conseguido la subvención por méritos acádemicos y no por la situación económica de la familia.

"Es una beca de profesional, de formación, con unos requisitos académicos. No se exige otra serie de requisitos", explica Romero. Mencionó que obtuvo una calificación de notable en su carrera universitaria como economista, además es licenciada en derecho. Tiene experiencia como becaria en Londres y también habla idiomas.

También, que no se ha tenido en cuenta la situación económica de la familia, sólo el CV de la aspirante. Es una beca que no es para quien más lo necesita. La lista de enchufes y amigos de dirigentes es extensa y este caso de Alicante no es el único.

Esta situación, según la oposición, se ha debido a la existencia de una división interna en la sede del PP de Elda. Los sindicatos se fijan en el hecho y consideran que la concesión podría ser ilegal.

"Si esa persona, por ser mi hija, reúne los requisitos, y por tanto no ha habido ningún principio ni proceso público de adjudicación, sería claramente ilegal", considera Miguel Ángel Vera, secretario general de Enseñanza de CCOO.

Este caso de Elda no es el único en el que cargos públicos se benefician de becas. El más reciente es el de la consejera de Educación de la COM de Madrid, Lucía Figar que se autoadjudicó una ayuda mensual por una matrícula de uno de sus hijos en una guardería privada. Cobraba 5.400 euros al mes.