Esta asociación de empresarios
de actividades náuticas y subacuáticas se movilizó inicialmente para denunciar
un supuesto trato discriminatorio en la concesión de determinadas licencias
para actividades económicas en el mar, si bien, según ha asegurado su
presidente, Jorge Palacios, la gravedad de los hechos descubiertos ha
propiciado esta denuncia.
En ella, se argumenta
que el "complejo" hostelero instalado en esta isla carece de licencia
desde 1968 y desarrolla su actividad al margen de la legalidad vigente, motivo
por el cual califican este espacio como "la última isla pirata de
España".
Se explica, además, que
en 2004 el Ministerio de Medio Ambiente ya calificó de "ocupación
ilegal" esta actividad hostelera, que carece de declaración de impacto
ambiental, que está ubicada en el parque natural de la Serra Gelada y cuyo
propietario fue sancionado por instalar un pantalán que, tras retirar, ha
vuelto a colocar sin permiso.
La denuncia indica que
el propietario del restaurante y titular del NIF que consta en las facturas del
establecimiento está jubilado desde 2008, al igual que su mujer, que aseguran
es la responsable de cocina, y además es propietario de empresas que explotan
el transporte de turistas hasta la isla a través de otras dos firmas.
El escrito enumera otras
deficiencias relacionadas con el tipo de construcción, los materiales
empleados, la gestión de las aguas residuales (se ha mostrado un vídeo en el
que supuestamente se ven restos de papel higiénico en el fondo marino) o la
instalación de dos motores diesel que funcionan "día y noche" junto a
una jaula con faisanes.
La asociación cita en su
denuncia al celador del puerto de Benidorm, al ingeniero técnico responsable de
estas instalaciones y al jefe de explotación de puertos de la Generalitat como
"funcionarios que en reiteradas ocasiones no han facilitado
información".
Según las estimaciones
de esta asociación empresarial, las empresas denunciadas pueden estar
facturando cerca de 2,2 millones de euros al año entre comidas y transporte de
turistas "sin ingresar el IVA en la Hacienda Pública".
La denuncia se acompaña
de varias fotografías y vídeos que acreditarían las irregularidades detectadas
y que, según sus promotores, ya han sido presentados a todos los grupos con
representación en Les Corts y a las consellerias de Medio Ambiente e
Infraestructuras.
Ambos departamentos de la Generalitat, desde Infraestructuras se ha indicado que se ha respondido a todas las peticiones de información y que se colaborará con la Justicia, mientras que en Medio Ambiente no hay constancia de reuniones previas con este grupo de empresarios.