Esta asociación de empresarios de actividades náuticas y subacuáticas se movilizó inicialmente para denunciar un supuesto trato discriminatorio en la concesión de determinadas licencias para actividades económicas en el mar, si bien, según ha asegurado su presidente, Jorge Palacios, la gravedad de los hechos descubiertos ha propiciado esta denuncia.
En ella, se argumenta que el "complejo" hostelero instalado en esta isla carece de licencia desde 1968 y desarrolla su actividad al margen de la legalidad vigente, motivo por el cual califican este espacio como "la última isla pirata de España".
Se explica, además, que en 2004 el Ministerio de Medio Ambiente ya calificó de "ocupación ilegal" esta actividad hostelera, que carece de declaración de impacto ambiental, que está ubicada en el parque natural de la Serra Gelada y cuyo propietario fue sancionado por instalar un pantalán que, tras retirar, ha vuelto a colocar sin permiso.
La denuncia indica que el propietario del restaurante y titular del NIF que consta en las facturas del establecimiento está jubilado desde 2008, al igual que su mujer, que aseguran es la responsable de cocina, y además es propietario de empresas que explotan el transporte de turistas hasta la isla a través de otras dos firmas.
El escrito enumera otras deficiencias relacionadas con el tipo de construcción, los materiales empleados, la gestión de las aguas residuales (se ha mostrado un vídeo en el que supuestamente se ven restos de papel higiénico en el fondo marino) o la instalación de dos motores diesel que funcionan "día y noche" junto a una jaula con faisanes.
La asociación cita en su denuncia al celador del puerto de Benidorm, al ingeniero técnico responsable de estas instalaciones y al jefe de explotación de puertos de la Generalitat como "funcionarios que en reiteradas ocasiones no han facilitado información".
Según las estimaciones de esta asociación empresarial, las empresas denunciadas pueden estar facturando cerca de 2,2 millones de euros al año entre comidas y transporte de turistas "sin ingresar el IVA en la Hacienda Pública".
La denuncia se acompaña de varias fotografías y vídeos que acreditarían las irregularidades detectadas y que, según sus promotores, ya han sido presentados a todos los grupos con representación en Les Corts y a las consellerias de Medio Ambiente e Infraestructuras.
Ambos departamentos de la Generalitat, desde Infraestructuras se ha indicado que se ha respondido a todas las peticiones de información y que se colaborará con la Justicia, mientras que en Medio Ambiente no hay constancia de reuniones previas con este grupo de empresarios.
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