La Policía Nacional ha detenido a un empresario en Zamudio, Bizkaia (País Vasco), por explotar laboralmente a sus trabajadores y obligarlos a hacer jornadas de hasta 26 horas, trabajando de siete de la mañana a las nueve de la mañana del día siguiente, algo que el acusado llamaba "maratón", según ha informado la Dirección General de la Policía.

El arresto se produjo el pasado 17 de agosto, después de iniciarse una operación tras denunciar varios trabajadores en una comisaría que estaban siendo explotados laboralmente en una empresa de manipulación y envase de alimentos. Tras comprobar la gravedad y veracidad de los hechos narrados por estas víctimas, los investigadores les concedieron el carácter de testigos protegidos a fin de evitar represalias del empresario.

Según explicaron los trabajadores, y ha adelantado El Correo, al no tener permiso de residencia, su jefe no les había formalizado contrato alguno, percibiendo un sueldo de cinco euros por hora efectiva de trabajo. En caso de sufrir un accidente laboral y necesitar atención médica, el detenido les exigía que no mencionaran ni a la empresa ni el lugar donde habían sufrido las lesiones.

Encerrados en las instalaciones de la empresa y con una hora libre

Además, explicaban que, ocasionalmente, hacían lo que su jefe denominaba una "maratón", consistente en trabajar desde las siete de la mañana hasta las nueve de la mañana del día siguiente, teniendo solo una hora libre para comer mientras permanecían toda la noche encerrados en las instalaciones de la empresa.

Tras conocer los hechos, agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Bilbao y funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia inspeccionaron la empresa, situada en el polígono industrial Ugaldeguren (Zamudio), identificando en su interior a un total de ocho trabajadores. Cuatro no tenían permiso de residencia ni contrato de trabajo, lo que llevó a la detención del empresario.

Los encargados de la investigación procedieron a la detención del dueño y administrador de la empresa, que ha quedado en libertad tras prestar declaración, con la obligación de presentarse ante el juzgado que instruye la causa. Está acusado de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, además de enfrentar una sanción de unos 70.000 euros por infringir la legislación en materia laboral y de Seguridad Social.