La Justicia ordena a Juana Rivas entregar a su hijo pequeño a su padre en Granada el 22 de julio

Juana Rivas debe entregar a su hijo menor al padre de éste, el italiano Francesco Arcuri, el próximo martes 22 de julio a las 10:00 horas en el Punto de Encuentro Familiar de Granada.

Así lo recoge el auto del Juzgado de Primera Instancia número 3 de dicha provincia andaluza al que ha tenido acceso laSexta y en el que ordena dar cumplimiento a lo dictaminado por la Corte de Cagliari, en el que se rechaza la petición de suspensión de la entrega del menor.

"Apreciada la controversia en la que se encuentra inmerso y el tiempo de permanencia en España" se acuerdan medidas para tratar de "conseguir o facilitar el tránsito tranquilo del menor y su traslado a Italia, realizándolo de la forma más adecuada a su edad e interés", destacan.

La decisión es recurrible ante la Audiencia de Granada en el plazo de 20 días desde la notificación.

Desde la representación legal de Francesco Arcuri en España, que lleva el abogado Enrique Zambrano, se ha rogado expresamente a los medios que "no se manifieste el lugar de entrega" del niño en protección de sus derechos.

El Juzgado de Familia desestima en el citado auto la última petición de Rivas de escuchar al menor antes de ejecutarse la resolución italiana que exige la vuelta del niño con el padre "no porque no tenga éste una edad adecuada o suficiente juicio" o "porque no deba ser oído un menor en relación con las medidas que le afectan, sino porque la audiencia del menor no es un medio de prueba sino una diligencia que no resulta inocua para éste y de la que, por ende, no se debe abusar".

En nota de prensa Aránguez Abogados, que lleva la representación legal de Rivas, incidía en que en sede judicial, "cuando le han escuchado en condiciones de libertad y sin intimidaciones, han comprendido la gravedad de la situación".

La petición, que invocaba que se respetara el "interés superior del menor", se producía después de que la Corte de Apelación de Cagliari, en una ordenanza de fecha 7 de julio, consultada por Europa Press, exigía la devolución del menor a su padre.

Pese a la petición de Rivas, este órgano judicial italiano no consideraba la concesión de la suspensión solicitada en lo relativo a la entrega del menor mientras se resuelve el proceso penal que afecta a Arcuri, según apuntaba la citada ordenanza.

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara "el terror" de regresar a su lado.

La Audiencia Provincial de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reducía su pena de 5 años a 2 años y 6 meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos. Uno de ellos ya es mayor de edad y reside en España.

El abogado de Juana Rivas señala que ejercerán "todas las acciones legales" a su alcance

Tras conocer la noticia, el abogado de Juana Rivas ha emitido un comunicado en el que ha indicado que, con independencia de realizar una valoración "más detallada" en las próximas horas, anticipa que ejercerán todas las "acciones legales" a su alcance para proteger el interés del menor.

"Resulta contrario al sentido común que un niño sea entregado a quien está siendo acusado por maltratarle", ha señalado.

Sin embargo, ha indicado que, con independencia de ello, defienden que las decisiones judiciales "se deben cumplir" por muy "injusta" que les parezca". "Confío plenamente en que se activen todos los mecanismos legales que permiten rectificar una decisión judicial que pone en grave peligro a un menor español que ni siquiera ha sido escuchado por la jueza que dicta esta desafortunada decisión", ha zanjado.