La Fiscalía italiana ha archivado ocho denuncias por maltrato presentadas entre 2016 y 2018 por la española Juana Rivas contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por considerar que no existen pruebas, según han confirmado fuentes de la defensa de Arcuri en Italia.
Las fuentes explicaron que entre esas denuncias se encuentra la realizada por Juana Rivas en julio 2016 en España, en la que se basó para negarse a entregar a los niños, de doce y cuatro años, a su padre. Esa denuncia fue interpuesta en España mes y medio después de que Rivas se fuera con los niños de Italia y la Justicia española la derivó a los tribunales italianos, por considerar que no tenía competencia ante unos hechos ocurridos en ese país.
La Justicia italiana concedió el pasado 20 de marzo la custodia en exclusiva de los dos hijos a Arcuri, aunque permitió que Rivas pueda verlos un fin de semana de cada dos si vive en Italia o uno de cada cinco si reside en España.
El Tribunal de Cagliari, en la isla de Cerdeña, inició este proceso civil en noviembre de 2017 y lo dejó visto para sentencia el pasado 21 de febrero. La abogada de Juana Rivas en Italia, María Eugenia Álvarez, avanzó tras conocer el fallo que apelará la sentencia.
Los niños viven con el padre en el municipio italiano de Carloforte, en la isla de San Pietro, en el sur de Cerdeña, desde agosto de 2017, cuando Rivas acató la orden judicial en España que la obligaba a entregárselos a su padre.
El pasado 14 de marzo la Audiencia de Granada confirmó la condena contra Juana Rivas a cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores, impuesta por el Juzgado de lo Penal 1, después de que permaneciera en paradero desconocido en el verano de 2017 junto a sus dos hijos para no entregárselos al padre.
Además de los cinco años de cárcel, Juana Rivas fue condenada a seis años de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos y el fallo confirmado por la Audiencia la obligaba también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar a Arcuri, condenado en 2009 en España por maltrato y al que ella volvió a denunciar en 2016.
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