En un encuentro informativo celebrado en la sede de la empresa en Madrid, Villaseca ha reconocido que la Ley de Pobreza Energética de Cataluña obliga a las compañías suministradoras a comunicar los cortes, pero ha subrayado que la norma tiene "una cuestión relevante pendiente": el desarrollo, por parte de la Generalitat, de un reglamento para concretar el protocolo de comunicación entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las empresas.
El consejero delegado de Gas Natural Fenosa ha recordado que el artículo 6.2 de la propia norma establece que, por razones de precaución, es necesario abordar este desarrollo reglamentario y que el Parlamento catalán instó en marzo a la Generalitat a hacerlo en un plazo de dos meses, algo que aún no ha ocurrido.
Villaseca ha considerado incomprensible la petición de Podemos de que comparezca en el Congreso el presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, porque se incorporó al cargo después del corte de suministro a la anciana de Reus y porque su presidencia no es ejecutiva. "Sinceramente, no lo comprendo", ha dicho.
El consejero delegado ha destacado que, a pesar de la falta de coordinación de las administraciones públicas y de los vacíos legales, la compañía ha mantenido una actitud "proactiva" para tratar de resolver el problema de la vulnerabilidad energética. En concreto, ha dicho, Gas Natural Fenosa ha suscrito acuerdos y convenios de colaboración con los servicios sociales de municipios de toda España.
Según Villaseca, el 90 % de sus clientes en España "están en municipios en los que la compañía tiene acuerdos y convenios". En Cataluña, Gas Natural Fenosa ha suscrito convenios con 400 municipios que han permitido atender a 9.000 hogares en situación de vulnerabilidad.
Villaseca ha subrayado que en Reus existe un convenio de este tipo que funciona desde 2014. En este tiempo, los servicios sociales han comunicado a la empresa 150 casos de familias en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, se han comunicado 88 casos.
"Desgraciadamente", ha dicho, ni los servicios sociales de Reus ni familiares ni vecinos de la fallecida habían comunicado a la compañía la situación de la anciana durante los dos meses que llevaba sin suministro.
Según Villaseca, "es urgente que las administraciones resuelvan estas cuestiones y se coordinen de manera más profunda, acotando y clarificando cometidos y responsabilidades". "Los procedimientos pueden y deben mejorarse, pero no puede cargarse a las empresas suministradoras la responsabilidad por la falta de un adecuado ordenamiento", ha añadido.
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