Francisca asegura entre lágrimas que se ha quedado "totalmente sin dinero, porque he tenido que pagar la contribución, la luz...". Es un verdadero sacrificio porque, con el copago farmacéutico, desde 2012 los pensionistas, que hasta entonces no pagaban nada, deben abonar hasta un 10% de los fármacos dependiendo de su renta, con un tope de 60 euros al mes.
Marciano Sánchez, de la Federación de Asociaciones de la Defensa de la Sanidad Pública afirma que "alrededor de un 20% de los pensionistas no recoge los medicamentos. Hay muchos jubilados y son situaciones muy complejas".
Según la ley, además algunos enfermos deberían pagar el 10% de fármacos para enfermedades como cáncer, hepatitis o esclerosis que dispensan las farmacias del hospital. Una polémica medida del Gobierno que ninguna comunidad autónoma aplica.
En Andalucía, una farmacéutica le dice a Rosario, pensionista el precio de su medicamento: "Pues Rosario me debe 1,29 euros". Por este lote de medicamentos Rosario tendría que pagar más del triple, y asegura que, en ese caso "no podría pagarlo, no me tomaría la medicación".
Para evitarlo la Junta prohibirá por ley el copago tanto en sus servicios sanitarios como en sus farmacias. El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, asegura que van a hacer todo lo posible "para que la Junta no aplique el copago sanitario".
Un anteproyecto de ley que los sindicatos consideran insuficiente aunque sí un paso adelante: "Blindar la sanidad pública sin eliminar los recortes que ya se le han impuesto desde el Gobierno de la Junta al modelo de sanidad pública nos parece poco razonable", afirman. Una norma que también incluye destinar hasta un 6,5% del PIB regional a salud.