La exabadesa de Belorado, Laura García de Viedma, ha tildado de "usurpador ilegítimo" por controlar las cuentas de las religiosas al arzobispo de Burgos y presidente de la Comisión Gestora, Mario Iceta, que ha advertido de que su deuda asciende "solo en facturas y con exclusión de préstamos, a 42.000 euros".

Así lo han señalado en sendos comunicados emitidos por las dos partes y recogidas por Europa Press. En concreto, la exabadesa, que ya no habla en representación del convento, sino de una asociación para mantener la posesión del monasterio, ha asegurado que nunca han tenido "problemas de pago y que lo han hecho con puntualidad", hasta que el arzobispo y comisario pontificio "ha llegado a administrar sus bienes".

El Arzobispado de Burgos desconoce hasta "donde pueden llegar las obligaciones" financieras de los monasterios porque, según recoge el comunicado, García de Viedma "sigue ilegalmente impidiendo el acceso a su gestión". Del mismo modo desconocen "el estado de las obligaciones laborales, fiscales y tributarias" ya que han requerido cinco veces estas cuentas, "algunas facturas tienen hasta dos años de antigüedad", y no han tenido respuesta.

Cajasur

Las exmonjas no han tenido reparo en recordar a Iceta su pasado en la diócesis de Córdoba, cuando formó parte del Consejo de Administración de Cajasur. De ahí que la exabadesa recrimine que la persona ahora "a cargo" de sus cuentas "haya sido previamente sancionada por el Banco de España debido a irregularidades en la gestión de cuentas de terceros".

Iceta asegura que ese ataque es una "difamación" con la que poner "en duda su legitimidad para administrar bienes" y que constituye un "intento de calumniarle utilizando argumentos ‘ad personam’", lo que describe "bien la cualidad moral de García de Viedma".

Iceta se reserva el derecho de acudir a los tribunales para defender su honor y buen nombre "ante estas declaraciones sin escrúpulos y calumniosas. El Arzobispado asegura que la exabadesa busca "confundir a la opinión pública", y quiere hacer creer a la gente que su nueva asociación es la "propietaria del monasterio"; y aclaran desde la sede apostólica de Burgos que esa "asociación civil no consta que esté registrada como tal ante la autoridad competente".

Mientras tanto, la líder de las exmonjas busca que se restituya la "titularidad legítima" de sus bienes y "que se investigue y se depuren responsabilidades por las informaciones falsas" que dicen que afectan a su "reputación".

La exabadesa denuncia de nuevo "la asfixia económica" y el daño en su "reputación" y alerta con interponer "demandas sucesivas" hasta que se les regrese la titularidad de sus cuentas.