Danny se aferra a la verja, por lo que varios guardias civiles le golpean hasta hacerle caer y le arrastran por el suelo con el fin de devolverle al otro lado de la valla. Según la ONG que grabó las imágenes de lo ocurrido, el joven camerunés estaba inconsciente. Ahora, por primera vez, la Fiscalía ve indicios de delito en el comportamiento de los agentes.
“Al devolver a estas personas, las están devolviendo en contra de la legalidad vigente y eso puede ser constitutivo de un delito de prevaricación”, afirma Margarita Martínez, catedrática de Derecho Penal. Aun así, el Gobierno insiste en dar cobertura legal a esta práctica. “Todo lo que se haga es bienvenido, por lo que la modificación de la ley de extranjería me parece bien”, señala Juan José Imbroda, presidente de Melilla.
A pesar de la oposición de incluso de los propios agentes de la Guardia Civil y la Policía. Juan Antonio Delgado, miembro de la Asociación Unificada de Guardias Civiles afirma: “Nosotros no queremos garantías jurídicas a costa de quitárselas a los inmigrantes”. Por su parte, Serafín Giraldo señala que “lo que pierden estas personas son derechos, mientras que Administración gana eficacia”.
Esta reforma viola derechos fundamentales como el derecho de cualquier persona, incluidos los migrantes, a recibir asistencia letrada. “Pueden ser refugiados, menores de edad o víctimas de trata y el respeto a estas situaciones exige que le demos la oportunidad de abrir la boca”, manifiesta Margarita.
Se trata de personas que no tienen otra opción para pedir ayuda si no es atravesando la valla. Estrella Galán, perteneciente a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, asegura que “si sale adelante esta propuesta, cerraría del todo las posibilidades para pedir protección”. Por eso preguntan al Gobierno que si bien los españoles tienen derecho a defender las fronteras, por qué estos derechos valen más que los de los inmigrantes.